El juez De la Mata envía a reparto la causa contra De la Serna y le vuelve a tocar a él

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado a reparto la causa en la que investiga al diputado Pedro Gómez de la Serna, que se presentó como número dos del Partido Popular (PP) por Segovia, y el exembajador de España en la India y exparlamentario Gustavo de Arístegui, y el procedimiento ha vuelto a recaer en su juzgado, según informaron fuentes jurídicas.

El juez, que se encuentra de guardia esta semana, recibió el pasado lunes una querella de la Fiscalía Anticorrupción en la que se detallaban las actividades de una supuesta trama liderada por Gómez de la Serna y Arístegui que habría cobrado comisiones ilegales a cambio de mediar para que empresas españolas consiguieran contratos en el exterior.

A petición de la acusación pública, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ordenó practicar las diligencias que, según esta parte, eran necesarias y urgentes para el buen fin de la investigación, entre ellas el registro de seis sociedades vinculadas a la trama y el domicilio de todos los querellados a excepción del de Gómez de la Serna, que por su condición de parlamentario está aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Una vez que practicó estas diligencias, el magistrado envió el procedimiento al Decanato de la Audiencia Nacional para que se asignara a uno de los seis juzgados centrales de instrucción del tribunal en virtud de sus normas de reparto. Como resultado de ese trámite el asunto ha vuelto a recaer en el juez De la Mata.

CUATRO DELITOS IMPUTADOS

En la causa están imputados los dos antiguos cargos del PP y otras seis personas por los presuntos delitos de integración en organización criminal, corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.

En relación con el delito de integración en organización criminal, el magistrado explica que existen indicios de que los ocho querellados "se concertaron" con funcionarios extranjeros y otras personas para "apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores".

La trama se dedicaba, según el juez, a "recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito premio por el buen fin de las gestiones".

Según el magistrado, "la actividad criminal se extendía desde la ideación del sistema hasta la puesta en marcha de los instrumentos societarios y la red de agentes; la celebración de los acuerdos con las distintas sociedades y empresas para asegurarse pagos y comisiones; la celebración de acuerdos con funcionarios públicos de otros países a los que abonarían comisiones y sobornos; y la percepción posterior de nuevas comisiones en caso de éxito de las gestiones".

Además de a Gómez de la Serna y Arístegui, De la Mata investiga a José Faya López, empleado del despacho Voltar Lassen, que dirigía el parlamentario; Cristóbal Tomé Becerra, agente externo del grupo; Germán Junquera Palomares, consejero y director general de la empresa Internacional de Desarrollo Energético; Ramón López Lax, director general para el norte de África de esta compañía; Borja de Arístegui Arroyo, hijo del exembajador y administrador único de la compañía Arroyo de Lagasca; y el abogado José Félix González Noriega.

PAGOS EN ARGELIA

Con respecto al delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, el juez señala que de la investigación preliminar de la Fiscalía se deduce la existencia de "posibles pagos dinerarios" realizados a autoridades y funcionarios públicos de Argelia y a sus familiares en relación con dos contratos de obra por la construcción de la estación desaladora de aguas de Souk Tleta, por un importe de 250 millones de euros, y el tranvía de Ouargla, con un coste de 230 millones.

Las dos obras fueron adjudicadas a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos y Elecnor, a través del grupo Voltar Lassen, que dirigían Gómez de la Serna y Arístegui, con la actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra.

En relación con el delito de cohecho, la resolución sostiene que esta infracción penal vendría condicionada por los pagos realizados por las empresas españolas a Gómez de la Serna y Arístegui, que se ejecutaron "directamente" o, debido a su condición de autoridad y funcionario público, a través de las empresas Scardovi (propiedad del diputado) y Karistia (controlada por el exembajador).

El delito de blanqueo de capitales se habría cometido, según el auto, tras la creación de una estructura internacional de sociedades pantalla que no tenían ninguna actividad mercantil y que realizaron "movimientos internacionales de capital que siguieron estructuras sofisticadas de ocultamiento del dinero".

En esta operativa habrían participado las sociedades Arroyo de Lagasca, Karistia Maroc SRL o Kamaroc y Castelino BV. Estas dos últimas, con domicilio social en Marruecos y Holanda, tendrían como "misión primordial" ocultar los beneficios dimanantes de los anteriores delitos y ser instrumento para su comisión bajo apariencia de una actividad mercantil".