México elige gobiernos para un tercio del país bajo la sombra de narcotráfico

Los conservadores del Partido Acción Nacional (PAN, actualmente al frente del Gobierno federal) y sus históricos rivales del Partido Revolucionario Institucional (PRI, que estuvieron 71 años en el poder) ven la cita con las urnas como un test para saber lo que sucederá en las presidenciales de 2012.

En total, 30 millones de mexicanos (de 107 millones repartidos por 32 estados) elegirán a 1.502 cargos públicos, entre gobernadores, alcaldes y diputados estatales, además de otros 418 elegidos por el principio indígena de usos y costumbres.

Con el PRI en alza desde los comicios estatales y parlamentarios del año pasado, el PAN buscó frenar a su rival con una alianza con la izquierda mayoritaria, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que está enfrentado en el ámbito nacional.

Una parte del PRD no reconoce al conservador Felipe Calderón como presidente, pese a lo cual ambas fuerzas se presentan como coalición en cinco estados para evitar una victoria arrolladora del PRI.

Las uniones levantaron muchas críticas en las filas de los tres principales partidos y motivaron la renuncia del secretario mexicano (ministro) de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al PAN.

Los doce estados en pugna son Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Actualmente, nueve de ellos pertenecen al PRI, dos al PAN y otro al PRD.

Los cárteles del narcotráfico han estado también presentes en la contienda electoral con varias acciones violentas, la más importante de ellas el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, del PRI, a quien se daba como virtual ganador de la gobernación de Tamaulipas.

Torre Cantú fue interceptado esta semana por un grupo de sicarios disfrazados al parecer con uniformes de la Marina y asesinado a tiros junto a cuatro personas de su séquito.

El crimen -por el que no hay detenidos aún- muestra todas las características de la violencia del crimen organizado, muy poderoso en Tamaulipas por la presencia de los cárteles del Golfo y de Los Zetas.

La opinión pública mexicana quedó severamente impactada por esta acción; pese al asesinato, Tamaulipas decidió seguir adelante con las elecciones y se resolvió que el hermano del fallecido, Egidio Torre Cantú, tomaría su lugar.

No fue ésta la única acción del narcotráfico en Tamaulipas, ya que semanas antes acabó con la vida de un candidato a alcalde del PAN y de su hijo en la zona conocida como la "frontera chica", donde la izquierda tuvo también dificultades para hallar candidatos.

Además, asesinó a un alcalde en Chihuahua -el estado más violento del país, donde se ubica la conflictiva Ciudad Juárez- y lanzó granadas contra sedes de los partidos políticos en Sinaloa.

La acusación de tener vínculos con el crimen organizado ha sido también un arma electoral, como en la campaña de Sinaloa -estado considerado la cuna del narcotráfico- donde se señaló al candidato del PRI, Jesús Vizcarra, favorito según las encuestas, de nexos con los capos.

Vizcarra aparece en una foto antigua junto a uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, Ismael "el Mayo" Zambada.

Precisamente por vínculos con el crimen organizado fue encarcelado el candidato de la izquierda en el caribeño Quintana Roo, el ex pastor religioso y ex alcalde de Cancún Gregorio Sánchez, cuyos ingresos la fiscalía investigó durante seis meses.

A pesar de que sus partidarios intentaron promover que contendiera a las urnas aun en prisión, Sánchez fue privado de sus derechos electorales por las autoridades. No obstante, los sondeos lo situaban a gran distancia del candidato del PRI.

También se difundieron escuchas a los gobernadores priistas de Veracruz, Puebla y Oaxaca en los que dichos mandatarios hablaban sobre actos de corrupción o mostraban un comportamiento inmoral.

Finalmente, el presidente Felipe Calderón hizo varios anuncios que desde la oposición y los medios se han tildado de electoralistas, como la supresión de un impuesto sobre los automóviles y un balance positivo de la generación de empleos.

Las leyes prohíben al mandatario tomar parte por cualquiera de los partidos, incluido el suyo, con alguna acción o discurso. Su predecesor, Vicente Fox, fue multado en su día por ello.