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Micheletti desautoriza a los embajadores de Honduras en la ONU y la OEA

Imagen de este martes del nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti (d), mientras saluda a un grupo de seguidores. EFEtelecinco.es
El nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, desautorizó hoy a los embajadores en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), Jorge Arturo Reina y Carlos Sosa, y anunció su destitución.
Reina y Sosa, ambos nombrados por el depuesto presidente Manuel Zelaya, están "totalmente desautorizados, este Gobierno no los reconoce como miembros de esas dos representaciones internacionales", declaró a la prensa el gobernante designado el domingo, tras el golpe militar contra Zelaya.
Micheletti explicó que destituyó a los dos embajadores porque no atendieron sus instrucciones de "no expresarse en contra de este Gobierno", que asumió el pasado domingo.
Refirió que tanto él como el nuevo canciller, Enrique Ortez, habían instruido a los dos embajadores para que no se pronunciaran en contra del nuevo Gobierno, pero no obedecieron.
A Reina y Sosa se les enviaron las notificaciones, que "sabemos que llegaron, pero no se entregaron, y los dos se dedicaron a atacar a este nuevo Gobierno", expresó Micheletti.
Indicó que analiza las candidaturas de ex cancilleres y otros diplomáticos para nombrarlos en las embajadas en la ONU y la OEA, donde el depuesto presidente Zelaya compareció hoy para explicar su situación después de que los militares lo expulsaron de la presidencia del país.
Micheletti reafirmó que enviará emisarios a Estados Unidos y remitirá notas a organismos internacionales y embajadas en Tegucigalpa para que "tengan conciencia de lo que aquí ha pasado".
"Vamos a entregar copias de todo el proceso legal que se ha seguido" para la sustitución de Zelaya, puntualizó.
Micheletti, quien hasta el domingo era jefe del Parlamento, fue elegido presidente por este órgano luego de que los militares sacaron de la Presidencia y del país a Zelaya ese día, cuando éste se aprestaba a celebrar una consulta para instalar una Asamblea Constituyente.
La misma fue declarada ilegal por la justicia ordinaria y electoral porque el Ejecutivo no tiene facultades para ello, sólo el Tribunal Supremo Electoral.