Moltó y Ortega recurren sus condenas a dos años de cárcel por falsear las cuentas de Caja Castilla-La Mancha

El expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega han recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que les condena a sendas penas de dos años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos en la Administración o en el sector financiero por falsear las cuentas de la entidad, que quebró en 2009 y fue la primera en ser intervenida y nacionalizada.

Los antiguos responsables de la caja castellano-manchega han solicitado su absolución y la revocación de la sentencia del Juez Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que les consideraba culpables de un delito de falsedad contable y les obligaba a pagar sendas multas de 29.970 euros.

En concreto, Hernández Moltó sostiene en su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, que la resolución se basa en un hecho "especialmente discutido, controvertido" y sin acreditar como es que tuviera el carácter de presidente ejecutivo en la caja. Además, rechaza haber llevado a cabo una conducta "falsaria"

La defensa de Moltó expone que los testigos no han calificado las funciones de su cliente como de "gestión", llegando uno a decir que podía ser "un presidente simbólico", al tiempo que añade que los datos provisionales enviados al Banco de España mostraban la situación económico "general" de la empresa.

El expresidente señala que los documentos remitidos al supervisor implicaban "ciertos actos de formalización y control" y no eran propiamente estados financieros, sino una "mera extrapolación de los datos contables que constaban en el sistema informático de la entidad, careciendo por ello de la finalidad de mostrar la imagen fiel de la sociedad".

La Audiencia Nacional, que absulvió a los acusados de administración fraudulenta, consideró probado que el 10 de febrero de 2009, con la "aquiescencia" de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros individuales y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su "situación financiera real".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)