El juez Moreno interroga mañana al encargado del Grupo Inmobiliario tras la fusión

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 prosigue así su calendario, que inició el pasado lunes con la citación del que fuera director general adjunto ejecutivo de la entidad, Javier García de Paredes. Este primer imputado defendió que al cobrar anticipadamente por capitalización los 5,36 millones de su prejubilación ahorró al banco cerca de 1,5 millones de euros en intereses.

La Fiscalía reclama a todos ellos la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente. A Gorriagan, concretamente, se le reclaman por indebidamente cobrados 913.602 euros.

CALENDARIO

El día 18 comparecerá Óscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración y el viernes 19 será el exdirector general de la caja única, José Luis Pego, quien se presentará ante el juez.

Por último, el lunes 22 de octubre le tocará el turno al excopresidente Julio Fernández Gayoso. El magistrado les imputa indiciariamente la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida

A Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.

Además, Anticorrupción reclama en la querella presentada 913.602 euros a Gorriarán y 260.940 euros a Rodríguez Estrada. En las peticiones de devolución no aparece Gayoso, a quien atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.

Moreno, que admitió a trámite la querella contra los cinco exdirectivos el pasado mes de junio, considera que todos ellos actuaron "con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia", nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011. La Fiscalía les reclama la devolución de, al menos, 7,8 millones de euros.

Apunta además que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB)".

El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías.