La Mostra de València, de la foto con estrellas a la investigación de la Guardia Civil

Ahora, la que fuera pasarela de glamour es objeto de la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil sobre la presunta trama de corrupción en torno al PP valenciano.

Este martes, agentes del Instituto Armado han acudido al Ayuntamiento de Valencia a solicitar información sobre el festival de cine, en concreto sobre la edición correspondiente al año 2006. Posteriormente, se han dirigido al archivo del Palacio de Cervelló, ya que los datos que se buscan son antiguos y se encuentran almacenados en este edificio.

El origen de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani se remonta a 1980, en época del alcalde socialista Ricard Pérez-Casado, cuando nació como un proyecto para impulsar la cultura de los países de la ribera mediterránea a través de su proyección cinematográfica.

Con la llegada a la Alcaldía del Partido Popular, en la década de los noventa, el festival fue ampliando sus miras y utilizó como reclamo a estrellas del panorama internacional. La organización de la Mostra recaía en un organismo, la Fundación Municipal de Cine, dependiente de la Concejalía de Cultura que dirigía María José Alcón, una de las personas detenidas en la macrorredada de la Operación Taula y que aparece en las grabaciones del caso Imelsa que aluden al cobro de supuestas comisiones, lo que le costó ser suspendida de militancia del PP.

Durante años, el recurso al "talonario" para atraer a figuras del séptimo arte --en muchas ocasiones "sin relación con el proyecto cultural"-- y la "falta de transparencia" en adjudicaciones y contrataciones fueron denunciados por los concejales del PSPV y Esquerra Unida que en aquel momento ejercían la labor de oposición municipal.

Así lo recuerda el exdil socialista Juan Soto, quien ha aseverado, en declaraciones a Europa Press, que "ya en aquel momento se dio una actitud vergonzante con respecto al proyecto cultural sobre el Mediterráneo, que fue desdibujándose". Por ejemplo, en 2006 este exconcejal criticó que Andy García, el principal invitado del festival y más vinculado "al Caribe" que al Mediterráneo, cobrara "un caché de 30.000 dólares por promocionar dos de sus películas".

"El proyecto cultural no interesaba, solo tirar de talonario para traerse a estrellas fulgurantes a mayor gloria de los gobernantes de turno con Rita Barberá a la cabeza; la Mostra una coartada y un instrumento más de agitación y propaganda del PP", ha opinado.

"FIASCO CULTURAL"

"Podíamos intuir, pero aún faltaban pruebas, --ha proseguido-- que además de ser un gran fiasco cultural, podía estar trufado de corruptelas e irregularidades". En este sentido, ha manifestado que "la externalización de servicios con criterios poco objetivos, la falta de concursos públicos y de transparencia eran la marca de la casa" y "sintetiza muy bien toda una etapa de ruina cultural e irregularidades".

Por su parte, María Victoria González, en aquel momento representante de Esquerra Unida, cree que "ahora está sucediendo exactamente todo aquello que decíamos".

En 2006, el año que está en el punto de mira de la investigación, González denunció públicamente que se iban a externalizar las funciones de coordinación --que incluían el protocolo--, de manera que se iba a suscribir un contrato de prestación de servicios "con una persona de fuera de la Mostra y de la Fundación Municipal de Cine".

"Sabíamos que era para beneficiar a determinadas empresas" en las que estaba "implicado un sobrino de Rita Barberá", ha dicho González a Europa Press, que ha añadido que se externalizaban servicios para "la contratación de azafatas, los coches para trasladar a los invitados o las galas de inauguración y clausura, que es donde más gente se necesitaba".

"Era tal el escándalo que el propio equipo de gobierno del PP tuvo que eliminar la Fundación de Cine de Valencia, que si se le hubiese dado otro giro hacia el Mediterráneo" podría haber cumplido su objetivo, ha lamentado.

En 2011, Rita Barberá anunció que el Ayuntamiento de Valencia decidía suspender la Mostra ante la situación económica de crisis con el fin de ahorrar 1,7 millones de euros.