Murcia derivará a otras comunidades la práctica de abortos, según la Consejería de Sanidad

Un portavoz de la Consejería de Sanidad de Murcia ha informado a EFE de que en esta comunidad, que se sitúa a la cabeza de España en tasas de abortos por cada mil mujeres, con 16,59, no existe registro de médicos contrarios o favorables a la práctica de abortos porque desde la entrada en vigor de la primera ley reguladora, en 1985, ningún facultativo se ha pronunciado expresamente en ese sentido.

La Consejería de Sanidad ha avanzado que con la nueva ley elaborarán ese registro de objeción de conciencia, y constituirán un comité ético-científico para el seguimiento de esta prestación.

Según Sanidad, en 2009 se contabilizaron en esta región 4.172 abortos, el 58 por ciento de ellas en mujeres extranjeras, cuando en 2008 fueron 1.008 más.

La Consejería ha insistido en que la nueva Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, que entró en vigor ayer, ha provocado que hayan dejado de practicarse abortos en esta región porque el Ministerio obliga a las clínicas a que "se reacrediten" y ninguna de las cinco con las que existía concierto se han dirigido a la Administración para tal solicitud.

Así, durante el tiempo que transcurra hasta que vuelvan a acreditarse estos centros ginecológicos, la mujer que reclame interrumpir su embarazo en el sector público será derivada a otra autonomía. "No se va a quedar ninguna mujer murciana sin ser atendida", ha afirmado.

El Ministerio ha estimado en unos cuatro meses el tiempo de adaptación a la nueva ley, según la Consejería de Sanidad de Murcia, que reprocha al Gobierno de España la falta de previsión en sus plazos y el escaso tiempo que han tenido tanto comunidades autónomas como clínicas para adaptar certificaciones o preparar la información que reciben las pacientes que optan por abortar.

El mismo portavoz ha subrayado que el Gobierno de Murcia cree "fundamental" proporcionar toda la información posible a las mujeres para que tomen la mejor decisión posible.

También se ha preguntado por las consecuencias "irreparables" que tendría una supuesta sentencia favorable del Tribunal Constitucional a los recursos presentados contra esta ley por el PP y el Gobierno de Navarra.