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La juez Núñez ordena a la UCO que investigue los bienes de un imputado en los ERE desaparecido desde julio

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha ordenado a la Guardia Civil que lleve a cabo una averiguación de bienes del exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual Arxé, cuya detención fue ordenada por la magistrada debido a que se encuentra "en paradero desconocido" desde el mes de julio de 2015.
En una providencia fechada el día 16 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla libra oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a fin de reiterarle el despacho de fecha 29 de mayo de 2014 "que tenía por objeto la averiguación de bienes del investigado Eduardo Pascual".
De igual modo, la secretaria del Juzgado ha emitido sendas diligencias de ordenación, consultadas por Europa Press, en las que acuerda una nueva averiguación patrimonial integral de bienes a través del punto neutro judicial del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y del ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez.
Y todo ello "a la vista del estado de la presente pieza y las cantidades fijadas en concepto de fianza" de responsabilidad civil, fianza civil que en el caso de Juan Francisco Sánchez alcanza los 8,4 millones de euros y en el de Juan Márquez los 173.941.928,06 euros.
Hay que recordar que, en un auto fechado el 26 de octubre de 2015, la juez ordenó a la Policía Judicial que detuviera al exdirectivo de la consultora Vitalia Eduardo Pascual debido a que se encuentra "en paradero desconocido" desde julio de 2015.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, la instructora dio un plazo de tres días a la representación procesal de Eduardo Pascual para que "facilitara o diera razón del paradero actual" del imputado e informara "del motivo de no comparecencia apud acta", a lo que la representación de Pascual contestó que "no puede contactar" con él.
La juez asevera que el encausado "no ha comparecido al llamamiento judicial cuya obligación tiene adquirida con carácter mensual mediante comparecencia apud acta, sin que haya justificado en modo alguno su incomparecencia, encontrándose en paradero desconocido", por lo que acordó su detención "mediante orden de búsqueda y presentación, con la finalidad de celebrar comparecencia para resolver sobre la situación personal" del imputado.
LA DEFENSA PLANTEA QUE PODRÍA NO SER UNA DESAPARICIÓN "VOLUNTARIA"
La representación procesal del exdirectivo de Vitalia, de su lado, remitió un escrito a la magistrada en el que pone de manifiesto que las declaraciones realizadas por Eduardo Pascual en el Juzgado "involucran a numerosas personas en los hechos, y por ello, es posible que su desaparición no sea necesariamente voluntaria".
El 26 de septiembre de 2014, Pascual compareció ante la juez Mercedes Alaya, que entonces investigaba el caso, y aseveró, entre otras cosas, que una aseguradora catalana, en concreto Fortia Vida, recibió "100 millones de euros de la Junta de Andalucía" por asumir una serie de prejubilaciones de varias empresas, y ello merced a un "acuerdo entre el PSC de Cataluña y el PSOE andaluz".
En el escrito, la representación procesal del imputado señalaba que "desconoce los motivos de su no comparecencia" y explica que la última vez que hablaron con él, en el mes de julio de 2015, Eduardo Pascual "les comunicó que se iba de vacaciones", tras lo que no ha podido contactar con él "pese a que en numerosas ocasiones se le ha llamado y dejado mensajes solicitándole que se pusiera en contacto" con su letrado.
A ello se suma que el propio hermano del imputado, "que abonó la fianza", se ha puesto en contacto con el abogado de Pascual "porque su familia desconoce su paradero y no tiene noticias del mismo desde primeros de julio", una "incomparecencia" por la que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya ha dictado auto de prisión.
Y es que la Audiencia Nacional también ha emitido una orden internacional de búsqueda y detención contra el también expresidente de Eurobank, en paradero desconocido desde el mes de julio, cuando contactó por última vez con su representación procesal. El órgano judicial tomó esta decisión a petición del letrado Ricardo Gómez de Olarte, representante de un grupo de accionistas minoritarios de Eurobank.