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La juez Núñez declara de especial complejidad la pieza del Servicio Andaluz de Empleo en los cursos de formación

La juez María Núñez Bolaños, que investiga la causa por las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, ha declarado de especial complejidad la pieza relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), una de las nueve piezas en que ha dividido esta causa, lo que permitirá a la magistrada disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.
En un auto fechado el día 22 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla acepta de este modo la petición realizada el 10 de diciembre de 2015 por la Fiscalía Anticorrupción y declara compleja la instrucción de la pieza relativa al SAE.
En este sentido, la magistrada señala que, después de dividir la causa el pasado 21 de diciembre de 2015 en nueve bloques, el objeto de la pieza relativa al SAE "es el favorecimiento concertado y dirigido desde la Consejería de determinados empresarios mediante la expedición de certificados de finalidad realizados por las partes investigadas y la concesión de exoneración de justificación desde la Dirección General, en cuya elaboración participarían presuntamente las mismas".
De este modo, la juez añade que "se investiga a un grupo u organización criminal, con numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados o víctimas que exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas", por lo que "es indudable que procede acceder a la petición formulada por el Ministerio Público".
Además, también a petición de la Fiscalía, la juez está trasladando a las partes implicadas en esta investigación la posibilidad de acordar que las ocho piezas restantes en que dividió la causa sean asimismo declaradas "complejas" y pueda disponerse también de 18 meses para instruirlas.
Tres de estas piezas versan sobre los entramados empresariales vinculados al exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco y a José María Pérez González, mientras que cuatro de las piezas se centran en otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y CTI.
De igual modo, la instructora dividió el caso en una octava pieza vinculada a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
PETICIÓN DE LA FISCALÍA
En un escrito elevado al Juzgado en diciembre de 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto Patiño, consideraba que la causa de los cursos de formación "presenta todos los requisitos para su declaración de especial complejidad".
El fiscal, que hizo esta petición antes de que la juez dividiera la causa en piezas, recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "se considerará que la investigación es compleja" cuando recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, tenga por objeto numerosos hechos punibles, involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, y exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis.
En este sentido, el Ministerio Público señala que la causa de los cursos de formación "presenta todos los requisitos para su declaración de especial complejidad, en especial" estos cuatro primeros apartados y "particularmente" el quinto que establece dicha ley, como es que la causa implique la realización de actuaciones en el extranjero, pues la investigación conllevará "una labor revisora y de análisis especialmente complejo".
La Fiscalía explica que el nuevo artículo 324 de la Ley diseña un modelo de plazos de la instrucción "que exige el establecimiento por parte de la Fiscalía de unos mecanismos de control de los procedimientos más minuciosos que los existentes en la actualidad", de manera que se fija un plazo general de duración de la instrucción de seis meses que se eleva a 18 cuando la instrucción sea declarada compleja, añadiendo que el sistema de prórrogas de hasta 18 meses adicionales "es aplicable exclusivamente a instrucciones complejas".
PRÓRROGA
En este sentido, pone de manifiesto que, "tanto en las causas ordinarias como en las complejas, es posible fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción cuya extensión temporal no está limitada por la nueva disposición legal", y en este punto explica que la declaración de complejidad "debe ser solicitada por el Ministerio Fiscal en cualquier momento antes de la expiración del plazo general de los seis meses".
De este modo, el propio instructor "puede dar traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre si procede declarar compleja la instrucción", mientras que "tampoco existe obstáculo alguno para que si las circunstancias que justifican la declaración de complejidad de la instrucción, la prórroga o la fijación de plazo máximo son apreciadas 'ab initio', pueda declararse la complejidad, acordarse la prórroga o fijarse el plazo máximo desde el momento en que consten las mismas, sin necesidad de agotar los plazos legales".