Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La juez Núñez declara de especial complejidad la causa de los ERE tras más de cinco años de instrucción

La juez María Núñez Bolaños ha declarado de especial complejidad la causa relativa a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, que comenzó a instruir Mercedes Alaya en enero de 2011, lo que permitirá a la magistrada disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.
En un auto fechado el 3 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que en esta causa "se investigan numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados", lo que "exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas y privadas".
De este modo, la instructora pone de manifiesto en el auto que "es indudable que procede acceder a la petición" formulada por el Ministerio Público el pasado 9 de diciembre de 2015, y ello "a pesar de las alegaciones de las partes y del tiempo transcurrido desde su incoación".
En este sentido, tanto la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación en el caso ERE, como las defensas de algunos investigados, entre ellos el abogados Carlos Leal y los extrabajadores de Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín, se habían opuesto a la petición de Anticorrupción para que la juez declarase de especial complejidad la causa.
En un escrito, consultado por Europa Press, la Junta se opuso al entender que "la única virtualidad de la declaración de instrucción compleja es ampliar el plazo de la misma, lo que no resulta necesario en este caso", pues la redacción literal del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su apartado número 1 "establece que se podrá declarar la instrucción compleja cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, esta no pueda razonablemente completarse en el plazo estipulado".
LA JUNTA SE OPONE
"La concurrencia de circunstancias sobrevenidas constituye un presupuesto imprescindible... sin que el Ministerio Fiscal haya justificado su presencia en el presente caso", argumenta la Junta, que recuerda que la fecha máxima para completar la instrucción es el 7 de junio de 2016, de modo "que si antes de esa fecha concurriesen las circunstancias sobrevenidas que el artículo 324.1 contempla como presupuesto para la declaración de complejidad de la causa, podría producirse la presente solicitud justificando cuál sea esa causa que motive la ampliación".
Es decir, prosigue la Junta, "ni se justifica la existencia de causas sobrevenidas" ni que "no sea posible solicitar y acordar la práctica de diligencias de investigación en el tiempo que queda hasta agotar el plazo de instrucción ordinario, ni que sea preciso desvirtuar la necesidad de activar y agilizar el procedimiento que motivó la división de esta causa matriz".
"En definitiva, no concurre en el presente caso la excepcionalidad que la norma procesal exige para apartarse del plazo general de instrucción de seis meses sin perjuicio de lo que pueda suceder antes del fin del periodo ordinario de instrucción", concluye la Junta en su escrito.
LA PETICIÓN DE ANTICORRUPCIÓN
En el escrito elevado al Juzgado el pasado día 9 de diciembre de 2015, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra realizaron esta petición al amparo de lo establecido en la Disposición Transitoria Única de la Ley 41/2015 y de conformidad con lo establecido en el artículo 324.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En este sentido, los representantes del Ministerio Público solicitaron a la magistrada que declarase la causa de los ERE irregulares como de instrucción compleja "al estimar razonablemente que la investigación no podrá completarse en el plazo mínimo estipulado de seis meses, al concurrir los motivos reseñados en el apartado 2 del reseñado artículo en sus letras b, c, d y f".
De este modo, la Fiscalía Anticorrupción considera que, tal y como establece la Ley, el caso tiene por objeto numerosos hechos punibles, involucra a gran cantidad de investigados o víctimas, exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis y, por último, precisa de la revisión de la gestión de personas jurídicos-privadas o públicas.
Hay que recordar que el caso ERE acumula cerca de 300 personas investigadas y cumplió el pasado mes de enero cinco años de instrucción, ya que la investigación la inició la juez Mercedes Alaya, ahora en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en enero de 2011.