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La juez Núñez cita a declarar como investigado este martes al exconsejero Ángel Ojeda por los cursos de formación

La juez María Núñez Bolaños ha citado a declarar como investigado este martes día 24 de mayo al exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Administración autonómica.
De este modo, y mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla cita a declarar a Ángel Ojeda este martes, a partir de las 11,30 horas, en el marco de la pieza separada relativa al entramado empresarial vinculado al exconsejero.
Dentro de esta pieza, la juez investiga la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal, que habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación "a través de las asociaciones controladas por él, denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, otorgadas el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010".
La juez dice que existen indicios de que "buena parte de los fondos percibidos para la realización de cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas" al exconsejero, "en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento".
En esta pieza, además de la actuación de Ángel Ojeda, se investigan la de otras 13 personas, entre ellas al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
"CIUDADANO EJEMPLAR"
El pasado día 11 de abril, Ángel Ojeda compareció en la comisión de investigación en el Parlamento sobre el fraude a las ayudas de la formación, donde indicó que, "sin querer señalar a nadie", existe una "coincidencia" entre el centenar de detenciones por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Operación EDU Costa, --la vinculada con los cursos de formación--, y la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía tan solo un mes después, sumándose otro centenar de detenciones en la Operación EDU Centro, "en plena campaña".
Asimismo, Ojeda defendió que todo lo que ha hecho en su vida ha sido "legal", llegando a definirse como un ciudadano "casi ejemplar", y denunció que tras su detención por la Policía fue tratado "como si de un terrorista o un narcotraficante se tratase" y que durante los últimos 18 meses ha sido víctima de una campaña de "difamación brutal".
Cabe recordar que el exconsejero de Hacienda ha interpuesto una querella criminal contra el inspector jefe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que realizó el atestado que, finalmente, culminó con su detención en agosto de 2014.
OJEDA DENUNCIA A LA JUNTA
Ojeda atribuye al inspector policial presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y detención ilegal, todo ello en una querella que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz.
De otro lado, el exconsejero ha denunciado a la Junta de Andalucía ante los tribunales por un presunto delito de prevaricación "masiva" que afectaría "a todos los miles de empresas y empresarios beneficiarios de cursos de formación" tras haber "decidido paralizar consciente y dolosamente los expedientes de liquidaciones evitando que los administrados cobren lo que en derecho les corresponde".
Esta denuncia está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla.
Cabe recordar, además, que el exconsejero cuenta ya con media docena de sentencias en las que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condena a la Junta a abonarle distintas cantidades de dinero por subvenciones concedidas a empresas de su entorno para acciones formativas que la Administración no ha abonado en su totalidad pese a que los gastos fueron justificados correctamente.