La juez Núñez pide opinión a las partes sobre la petición de Anticorrupción para dividir los ERE en piezas

La juez María Núñez Bolaños ha solicitado a las partes personadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que se pronuncien sobre la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para que divida en piezas separadas la causa, una petición a la que se ha opuesto en reiteradas ocasiones su antecesora en el cargo, Mercedes Alaya.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla da cuenta del escrito en el que el Ministerio Público solicita "por principio de economía procesal" la formación de piezas separadas de enjuiciamiento y da traslado a las partes personadas para que, en un plazo de cinco días, "aleguen lo que a su derecho convenga".

Asimismo, y en una segunda providencia consultada por Europa Press y fechada el pasado 22 de junio, la magistrada eleva a la Audiencia Provincial de Sevilla el recurso de apelación que la Fiscalía interpuso el 15 de abril de 2015 contra el auto de Alaya de 8 de abril en el que rechazaba dicha división.

Cabe recordar que Anticorrupción señaló que, en el caso de que la instructora acordara la formación de piezas separadas en los términos expuestos en su escrito, desistiría del recurso de apelación interpuesto, que en el momento se la presentación del escrito aún no había sido elevado a la Audiencia Provincial, según recalcaba la propia Fiscalía.

Ambas providencias han sido dictadas por la juez Núñez antes de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobara que la juez Alaya siga instruyendo el caso ERE --hasta que la Audiencia resuelva sobre su posible división-- y el delito societario de Mercasevilla, y que su sustituta asuma la instrucción de las restantes 'macrocausas', como son las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA.

EL RECURSO

En un escrito, consultado por Europa Press, el Ministerio Público pide a Núñez Bolaños que divida la causa en tres grandes bloques, como son uno relativo al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otra con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque que incluiría más de 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.

Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra explican que la Fiscalía, según el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, "tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".

Asimismo, recuerdan que, en su artículo 3, este Estatuto Orgánico establece que "para el cumplimiento de las misiones establecidas", corresponde al Ministerio Fiscal "velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes".

"Al objeto de dar cumplimiento a la misión encomendada", la Fiscalía entiende "procedente someter de nuevo a la consideración de la magistrada la formación en la presente causa de piezas separadas de enjuiciamiento, tal y como se pidió por última vez en fecha de 25 de noviembre de 2014", y ello "como consecuencia" del auto del pasado 27 de abril en el que el TSJA devolvió al Juzgado la causa contra cuatro exconsejeros que han dejado de ser aforados.

En este auto, el Alto Tribunal andaluza señalaba que "las presentes diligencias previas han de remitirse al Juzgado de Instrucción número 6 para que, con libertad de criterio, prosiga su tramitación, sin perjuicio de reiterar la conveniencia y razonabilidad de dividir la causa general en piezas separadas", dicen los fiscales, que aseveran que los argumentos vertidos por el TSJA "cobran de nuevo más fuerza" tras una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 3 de junio de 2015 "en la cual se hace una detallada exposición de la conveniencia de la formación de piezas separadas".

EL SUPREMO APOYÓ LA FORMACIÓN DE PIEZAS SEPARADAS

Al hilo de ello, Anticorrupción recuerda, igualmente, que la división en piezas separadas "ya fue mencionada" por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el auto del 13 de noviembre de 2014, en el que abrió la causa contra los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y los exconsejeros José Antonio Viera, Mar Moreno y Gaspar Zarrías.

"En el caso, tal como sostiene el fiscal, en principio es posible investigar y enjuiciar de forma independiente los hechos relativos a la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema, así como las actuaciones consistentes en decisiones que en el tiempo supusieron su mantenimiento operativo, en las que, indiciariamente y según la según la exposición razonada, han intervenido los aforados, junto con los hechos concretos imputados a cualquiera de ellos, sin necesidad de proceder, al mismo tiempo, a la investigación y, después y en su caso, al enjuiciamiento conjunto, de todas la conductas concretas de ejecución administrativa y material de las acciones permitidas por dicho sistema, imputadas a otras personas...", decía el Supremo.

La Fiscalía, que recuerda que es la cuarta vez que realiza esta petición, interesa formar un primer gran bloque que incluiría el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas, que incluiría el análisis de la legalidad del procedimiento utilizado por la Consejería de Empleo para la concesión de subvenciones sociolaborales, la encomienda de Gestión de 2010, o la competencia para el otorgamiento de las ayudas sociolaborales.

SOBRECOMISIONES

Este bloque también incluiría la asunción generalizada por la Junta de la obligación del empresario de abonar las prejubilaciones de sus trabajadores despedidos colectivamente, así como el procedimiento de financiación y contable del IFA-Idea en el ámbito de los programas 22E y 31L, sobre "Administración de Relaciones Laborales".

De igual modo, propone la formación de un bloque relativo a las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, el cual estaría "ceñido a la determinación y destino de las cantidades que no se corresponden con el pago de las pólizas de las ayudas, a las que habría que sumar las cantidades percibidas directamente de IFA/IDEA o de perceptores de las ayudas".

Por último, pide que se forme un bloque de piezas, que estaría compuesto por más de 200 relacionadas con las empresas "que se han visto beneficiadas de cantidades de dinero procedente de fondos de la Junta sin sujeción a procedimiento alguno u obviando los más elementales", e igualmente sin sujeción a "los principios de publicidad, eficiencia y justicia social en la utilización de los fondos públicos en materia de empleo y ayudas a empresas en crisis de la Junta".

Anticorrupción recuerda que el informe elaborado por la Intervención General del Estado en diciembre de 2013 recoge informes relativos a 39 ayudas donde se enumeran "de forma clara" los indicios de hechos delictivos "que requieren de una respuesta de la instrucción y de esta Fiscalía, de la petición y adopción en su caso de medidas que permitan asegurar no sólo que se pueda perseguir a los presuntos autores de los mismos, no dejando que sus conductas puedan quedar impunes sino recuperar la máxima cantidad de dinero presuntamente malversado".