La juez Núñez abre tres piezas separadas de los ERE para investigar tres ayudas por importe de 2,3 millones

En tres autos distintos fechados el 16 de mayo, a los que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada considera que en los tres casos los hechos investigados "podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que acuerda incoar diligencias previas "con el fin de determinar la naturaleza y circunstancias de tales hechos y las personas que en ellos han intervenido".

En el caso de Centro de Limpieza Industrial Huévar, la juez relata que fue el 8 de septiembre de 2005 cuando el director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, y el director general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, firmaron un convenio de colaboración en el que acordaron conceder una ayuda de 1.009.365,62 euros a dicha empresa.

El pago de la ayuda se efectuó mediante transferencia bancaria en nueve plazos, el primero de ellos el 6 de noviembre de 2006 y el último el 9 de octubre de 2007, todos con cargo a la partida 31L, dice la juez Núñez, que cita como investigados a Guerrero y a Serrano los días 30 de junio y 14 de julio, respectivamente. El 14 de julio también está citado como investigado el administrador de la empresa, José Román.

Asimismo, la juez ha abierto una pieza separada por las dos subvenciones, cada una de ellas de 440.000 euros, que recibió Bética Industrial los días 29 de diciembre de 2008 y 17 de febrero de 2009 en virtud de los convenios de colaboración suscritos por el entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, y el director general de IDEA, Jacinto Cañete, a quienes cita a declarar como investigados el 14 de julio.

Por último, la magistrada ha abierto una pieza separada por la ayuda de 420.708,47 euros concedida a la empresa Novomag, ayuda que fue abonada en tres plazos, dos de ellos en 2004 y el último el 21 de enero de 2008, en base al convenio de colaboración suscrito por Guerrero y el director general del antiguo IFA, Francisco Mencía.

En esta pieza, la juez imputa al propio Guerrero, al que cita a declarar el 30 de junio; al ex secretario general del IFA Francisco José Oyonarte y a los administradores de la empresa María de los Ángeles Zurita y Juan Manuel Peña.