Ordenan la puesta en libertad de los piratas somalíes

Así lo ha acordado el juez, que ordena a la autoridad que custodia a los piratas que los ponga en libertad "inmediatamente", en un auto en el que rechaza la petición de la Fiscalía de entregar a los corsarios a Kenia en virtud de un convenio firmado entre la Unión Europea y ese país.

Esta decisión, contra la que cabe interponer recurso, afectará a los otros siete corsarios detenidos el jueves por los militares españoles, ya que, según han anunciado fuentes jurídicas, la Fiscalía no ha pedido ninguna medida cautelar para ellos y, por tanto, Andreu tendrá que decretar su libertad en las próximas horas.

Andreu no obstante ha decidido continuar con el procedimiento judicial al considerar que tiene la "ineludible obligación" de continuar las investigaciones porque el Estado Mayor de la Defensa denunció "unos hechos que serían constitutivos de delito y sobre los que la jurisdicción española tiene plena e indiscutida competencia". Si bien, el magistrado advierte de que con la resolución que "se ve obligado a adoptar", no podrá "terminar con el enjuiciamiento de los inculpados".

La fiscal encargada del caso, Blanca Rodríguez, cambió de criterio y pidió que los siete piratas, para quienes el jueves pidió el ingreso en prisión preventiva por los delitos de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas, no fuesen trasladados a España sino a Kenia en virtud de un convenio firmado hace dos meses por la Unión Europea.

"Por imperativo legal y en absoluta disconformidad"

En el auto, el juez Andreu critica este cambio de postura de la Fiscalía y la acusa de querer obviar "los trámites procesales" al pedir la entrega de los piratas a Kenia. Esa entrega "quebrantaría los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías de las personas que se ven sujetos al mismo", señala el magistrado.

Para Andreu, esta decisión "no afecta ni puede afectar" a personas que se encuentran inmersas en un procedimiento judicial abierto por la jurisdicción española". "Por imperativo legal, y en absoluta disconformidad con el criterio que este juzgado habría mantenido, dada la gravedad de los hechos que se imputan a los detenidos, la indiscutible competencia de este órgano judicial y de la jurisdicción española para su enjuiciamiento, y el no previsible, sino absolutamente probable riesgo de fuga (...), no cabe otra medida que acordar la libertad provisional de los detenidos", concluye Andreu en el auto.