Otegi no recurre su inhabilitación para ejercer un cargo público hasta el 28 de febrero de 2021

La abogada Jone Goirizelaia ha declinado finalmente presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el pasado 18 de enero le dio un plazo de cinco días para anunciar si solicita a su instancia superior que revise su decisión.

La Audiencia Nacional, que ha adelantado la salida de prisión de Otegi al próximo 1 de marzo al contabilizarle sus comparecencias periódicas o 'apud acta' ante el juzgado, confirmó su condena a inhabilitación especial puesto que fue impuesta en una sentencia "firme" desde el 23 de mayo de 2012.

Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel recordaron que la liquidación de la pena se emitió el 15 de enero de 2013 y que se han dictado así varias resoluciones "firmes" durante este periodo, sin que hayan sido impugnadas por la defensa de Otegi.

La Sección se expresó así después de que la representación del exportavoz de Batasuna interpusiera un recurso de súplica señalando que la sentencia que le condenó por el caso 'Bateragune' a seis años y medio de prisión e inhabilitación especial durante el mismo periodo no especificaba el empleo o cargo público que no podía desempeñar, lo que, a su juicio, generaba "inseguridad" y vulneraba el principio de legalidad.

Otegi fue condenado en septiembre de 2011 por la Audiencia Nacional a diez años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista al intentar reconstruir Batasuna bajo la dirección de ETA. En mayo del año siguiente, el Tribunal Supremo rebajó la pena a seis años y medio de prisión e inhabilitación especial al retirarle la condición de dirigente de la banda.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene pendiente pronunciarse sobre el recurso de Otegi respecto a la imparcialidad de la magistrada Ángela Murillo, que participó en el tribunal que dictó el fallo condenatorio. Estrasburgo interesó el pasado octubre la opinión del Gobierno español sobre este hecho.