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PNV considera que "muy probablemente" en los próximos cuatro años se producirá "el final definitivo de ETA"

La formación jeltzale ve "imprescindible que las fuerzas que creen en el derecho a decidir compartan una estrategia"
La VII Asamblea General del PNV, que culmina este domingo con la elección del presidente del Euzkadi Buru Batzar, ha aprobado este sábado en la VII Asamblea General el documento político 'Batasuna eta Indarra' ('Unidad y Fuerza') en el que subraya que "muy probablemente" en los próximos cuatro años se producirá "el final definitivo de ETA" y una "consolidación prácticamente plena de la normalización de la convivencia en la sociedad vasca".
Junto a la ratificación del documento político, que "marca la hoja de ruta que el PNV desarrollará en los próximos cuatro años" y busca "dar un nuevo paso en el autogobierno de Euskadi", también se ha procedido este sábado a la evaluación de comunicaciones internas presentadas a la Asamblea General relativas a la cultura, economía, salud, igualdad y sistema de bienestar.
Estas comunicaciones han sido 'Proyección Internacional en América', 'Bases para un Renacimiento Industrial', 'Hacia un sistema propio de Seguridad Social y Pensiones para la CAV y Navarra', 'Reflexiones sobre el Deporte', 'Dignidad en el Final de la Vida', 'Igualdad de Mujeres y Hombres', y 'Nafarroa y Baxe Nafarroa-Xiberua'.
Tras cuatro años desde que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada, el PNV señala que la sociedad vasca ha vivido "un nuevo tiempo totalmente desconocido de ausencia de violencia". No obstante, advierte de que "la paz no es solo ausencia de violencia".
"La decisión inequívoca de acabar con el ciclo de la violencia debería haber tenido incorporada una serie de hitos que acompasaran, de una manera ordenada, el afianzamiento y superación de este trágico episodio de nuestra historia. Para escribir una nueva página es necesario cerrar convenientemente la anterior", indica.
El documento señala, además, que ha habido "en el entorno de ETA una parálisis en la puesta en práctica de medidas y decisiones que deberían haber sucedido a su respuesta inicial de abandonar la lucha armada" porque, "si unilateral fue aquel compromiso, unilateral debería ser la implementación de las medidas que lo hicieran efectivo".
En su documento político, la formación jeltzale manifiesta que "muy probablemente" el final definitivo de ETA" se producirá en los próximos cuatro años y una "consolidación prácticamente plena de la normalización de la convivencia en la sociedad vasca".
En este sentido, subraya que lo que va a estar en juego en el proceso es si el final de la violencia "es ordenado o no lo es". En esta línea, subraya que un final ordenado debe tener cuatro componentes: la certificación unilateral del carácter irreversible, incondicional, verificable y definitivo del desarme y desaparición de ETA; una reflexión crítica frente a toda forma de terrorismo, violencia o vulneraciones de derechos; un compromiso de reparación y reconocimiento del daño y la activación de una política penitenciaria orientada a la convivencia y la reinserción.
Además, resalta "la política activa" de las instituciones y, de manera especial, del Gobierno vasco en esta materia, que "ha de continuar para que quienes deban moverse lo hagan y para que la paz definitiva se consolide".
NUEVO ESTATUS
El documento valora el "éxito" de la estrategia de "construir día a día la nación vasca", si bien precisa que también se han producido "problemas y obstáculos" que es preciso abordar para "afianzar lo conseguido y superar las amenazas que se ciernen sobre el proceso global de construcción nacional".
El texto se ratifica en los "principios" de anteriores asambleas generales y, de este modo, señala su aspiración al "reconocimiento de Euzkadi como sujeto político con capacidad de decisión, superando el estatus y condición política y administrativa de parte subordinada de los estados español y francés". Asimismo, recoge la aspiración al reconocimiento político y jurídico de la nación vasca y su participación, en pie de igualdad, en el concierto de las naciones".
Por otro lado, concreta la propuesta del PNV sobre un "nuevo estatus" para Euskadi y establece como sus bases el reconocimiento de Euskadi como una nación con derecho a decidir su futuro y la bilateralidad en la relación con el Estado.
"Uno de los grandes problemas para una definición estratégica compartida es el antagonismo de los proyectos socio-políticos que se dan en el seno del nacionalismo vasco. Superado el tiempo de la violencia, resulta imprescindible que las formaciones políticas que creen en el sujeto político pueblo vasco y en su derecho a decidir compartan una estrategia en base a un suelo ético-democrático, unos objetivos mínimos y los ritmos de los procesos que conduzcan al logro de esos objetivos", describen.
En este sentido, el PNV sostiene que tanto el Estatuto político de Euskadi, aprobado por la mayoría absoluta del Parlamento vasco en diciembre de 2004 --Plan Ibarretxe-, como los acuerdos políticos de Loiola (2006) contienen formulaciones sobre las que trabajar una formulación consensuada del nuevo estatus.
A su juicio, es necesario apostar por una visión "dinámica y renovadora de la construcción nacional" que pasa por dos fases: en primer lugar, por crear las condiciones políticas y sociales que nos acerquen a la institucionalización del derecho a decidir y, en segundo lugar, por llevar a cabo un proceso de adecuación de la nación vasca en un contexto más complejo, plural y abierto".
Asimismo, considera que le reconocimiento como nación "no puede quedarse en algo retórico" sino que debe suponer una "bilateralidad en la relación con el Estado" que conlleve un acompañamiento de "determinada simbología y reconocimiento externo".
CATALUÑA
En la treintena de folios que componen el documento, el PNV también hace referencia a la situación catalana y subraya que su "contencioso con España hunde sus raíces en la historia y que, como en el caso del País Vasco, encuentra su esencia en la reivindicación de su hecho nacional y su no acomodo a las estructuras del Estado.
"Respetamos y reconocemos el proceso político y democrático iniciado por el Parlamento de Cataluña como expresión democrática de la voluntad mayoritaria del pueblo catalán con el objetivo de hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña para determinar su futuro político colectivo", añaden.