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PP-A pide a Marín (C's) que deje de ser "el sumiso de Díaz" y se una a su campaña en contra del impuesto de sucesiones

La secretaria general del PP-A, Dolores López, ha pedido al presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's), Juan Marín, que deje de ser "el sumiso de Susana Díaz" y se una a la campaña que ha emprendido el PP-A en contra del impuesto de sucesiones y donaciones.
En rueda de prensa, López ha explicado que dicha campaña ya lleva recogidas más de 60.000 firmas, --35.000 a través de Internet y 25.000 en papel--, y que en Andalucía este impuesto es "desproporcionado" por culpa del PSOE-A y de Ciudadanos, "que lo permite".
La número dos del PP-A ha criticado "la doble vara de medir" de la formación naranja, que es "muy exigente" con el PP en la Comunidad de Madrid, mientras que "dice sí a todo lo que le plantea Susana Díaz en Andalucía", actuando como su "súbdito".
Tras mostrarse convencida de que los votantes de Ciudadanos en Andalucía se siente "defraudados" por esta actitud, López ha asegurado que esta formación no ha venido a cambiar nada, sino a "apuntalar un gobierno de 34 años".
También es responsabilidad de Ciudadanos, a juicio de la dirigente del PP-A, que miembros del actual Gobierno andaluz como la consejeras de Hacienda o de Educación, María Jesús Montero y Adelaida de la Calle, respectivamente, no comparezcan en la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación.
"A esta comisión tampoco irán los delegados provinciales o el señor Guerrero, y todo ello por el voto en contra de Ciudadanos", ha lamentado la secretaria general del PP-A.
GARCÍA-PELAYO
De otro lado, preguntada sobre la diputada y exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, quien ha prestado declaración este lunes ante el Tribunal Supremo, López ha recordado que pidió comparecer de manera voluntaria y ha dicho esperar que la 'popular' pueda explicar "lo que ya lleva tiempo pidiendo explicar".
García-Pelayo, que fue imputada en la causa cuando era senadora, había sido citada en calidad de investigada --figura que sustituye a la de imputada tras la reforma de la LeCrim-, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público.