El PP saca adelante sin apoyos el Código Penal Militar y la oposición le reprocha que se aplique a la Guardia Civil

El PP no ha logrado sumar apoyos durante el debate de este miércoles en el Congreso de los Diputados sobre el nuevo Código Penal Militar, ya que los partidos de la oposición le han afeado que no haya tenido en cuenta sus peticiones para que esta norma no sea aplicable a los miembros de la Guardia Civil de forma general, salvo en los casos en que se declare el estado de alarma, excepción o sitio o cuando este cuerpo realice misiones de naturaleza militar.

Este es el punto en común en el que han coincidido PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD a la hora de argumentar su voto. Los dos primeros se decantan por la abstención, mientras que los otros dos han anunciado su voto en contra de esta ley.

Estos grupos parlamentarios han remarcado que la Guardia Civil no pertenece a las Fuerzas Armadas, pero el PP ha subrayado que "todos los gobiernos de este país durante los últimos 170 años han coincidido en preservar el carácter militar" de este cuerpo y ha augurado que si lo perdiera no habría una "unificación" con la Policía Nacional, sino "la absorción y la desaparición" de la Benemérita.

AGOTAR TODAS LAS POSIBILIDADES

No obstante, el portavoz 'popular', Vicente Ferrer, ha dejado la puerta abierta a seguir negociando este asunto en la tramitación del Código Penal Militar en el Senado y el diputado socialista Diego López Garrido se ha mostrado dispuesto a "agotar todas las posibilidades" para lograr un acuerdo.

Según López Garrido, las diferencias con respecto a la aplicación de esta ley a la Guardia Civil es el motivo por el que su grupo parlamentario se abstiene en la votación, ya que considera que, salvo esto que ve como algo "incomprensible e innecesario", el proyecto de ley es "mejor" que el texto que fue remitido por el Gobierno.

A su juicio, tras el trámite de enmiendas en el Congreso se han incluido en el nuevo Código Penal Militar "aspectos positivos" como el hecho de que las sentencias de los tribunales militares van a poder suspenderse y que los jueces militares sean nombrados a partir de ahora por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no por el Ministerio de Defensa.

Como el PSOE, CiU también ha decidido abstenerse en la votación de esta ley porque considera que se ha perdido una "oportunidad" para acotar los delitos penales militares y lograr que el Código fuese una "norma complementaria" del Código Penal común.

PIDEN SÓLO DELITOS CASTRENSES

Este asunto también ha sido criticado por la Izquierda Plural y UPyD, ya que opinan que el Código Penal Militar duplica el número de delitos para los miembros de las Fuerzas Armadas, pues en él se recogen delitos que ya existen en el Código común.

En su opinión, la norma debería limitarse a los delitos exclusivamente castrenses, ya que, de lo contrario, "habrá un número mucho mayor de delitos militares tipificados con respecto a los del Código Penal Militar de 1985".

Para el portavoz de la Izquierda Plural, Álvaro Sanz, este hecho demuestra "la larga mano del Ministerio de Defensa y de los estados mayores", pero ha denunciado que "se están rebasando constitucionalmente los límites".

Sanz ha abogado por la eliminación de la jurisdicción militar, al igual que la ponente de UPyD, Irene Lozano, que ha propuesto que se dediquen en la justicia ordinaria unas salas especiales para juzgar los delitos exclusivamente castrenses.

UN COTO CERRADO

En su opinión, el nuevo Código Penal Militar es una "involución jurídica", puesto que en él queda plasmado "un concepto de la justicia que es obsoleto y contribuye a hacer de las Fuerzas Armadas un coto cerrado y de excepción". "Una vez más, debates que están planteados en la sociedad no están dentro de esta Cámara, de ahí la desconexión de los ciudadanos con la política", ha lamentado.

Los grupos parlamentarios de la oposición también han criticado la postura del PP al negarse a incluir en esta norma el delito por discriminar a los militares que pertenezcan a asociaciones profesionales.

Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardà ha pedido también eliminar la justicia militar por su "opacidad" y los "múltiples abusos" que, a su juicio, se producen en ella. "Al menos supriman en la jurisdicción militar el ejercicio de los jueces militares porque con los ordinarios se daría un gran paso adelante en la independencia de la justicia", ha sugerido.