El PP urge a aprobar el Estatuto de las víctimas de delito para unificar la atención a este colectivo en la toda la UE

El objetivo es mejorar el régimen asistencial y jurídico para dotar de mayor protección a las víctimas de delitos y que todas ellas sean sometidas a los mismos procedimientos de atención, independientemente de su nacionalidad, del país en el que se encuentren y del tipo de delito que se cometa contra ellas. El Estatuto ha de contener "un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas del delito".

Según explica el PP en la exposición de motivos de su iniciativa, que recoge Europa Press, el Estatuto de la Víctima del Delito tiene como objetivo ofrecer desde los poderes públicos una respuesta jurídica y social lo más amplia posible, que permita reparar el daño sufrido y, a la vez, minimizar otros efectos traumáticos que la condición de víctima puede generar.

Con la aprobación de este Estatuto --argumentan los 'populares'-- España estaría a la cabeza de los países miembros de la Unión Europea que aglutinan en un solo texto legislativo el catálogo de derechos de las víctimas, sin perjuicio de los aprobados con anterioridad para las víctimas del terrorismo y de la violencia de género, que gozarán del régimen de derechos y protección reconocidos en la nueva ley, además de los reconocidos en la normativa especial.

Así, las víctimas podrán recurrir las resoluciones de sobreseimiento y archivo que se dicten, participar en el proceso penal y tener acceso a información concreta sobre la causa. De la misma manera, podrán recurrir las decisiones de especial trascendencia que se adopten, como la concesión de la libertad condicional o el alzamiento de periodos de seguridad.

Por otro lado, a las víctimas más vulnerables (menores de edad, personas con discapacidad) o aquellas que han padecido delitos de especial gravedad (delitos sexuales, trata de seres humanos, terrorismo, violencia sobre la mujer, grandes siniestros con víctimas múltiples) gozarán de una mayor protección para evitar los efectos de lo que se conoce como la 'segunda victimización', el proceso posterior a la denuncia que, en ocasiones, supone una fuente de padecimiento añadido para las víctimas.

En definitiva, con este Estatuto se pretende mejorar la reparación del daño sufrido y minimizar los efectos traumáticos que sufren las víctimas, "desde el reconocimiento de su dignidad y la defensa de sus bienes materiales y morales y con ellos los del conjunto de la sociedad", apuntan los 'populares'.