El PP pide ahora al Gobierno reforzar las medidas contra el acoso sexual en el Ejército

Todo ello tras la polémica surgida por el caso de la comandante Zaida Cantera, quien ha denunciado haber sufrido acoso sexual y laboral en el Ejército, y después de que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, anunciara que su departamento está ultimando un protocolo de actuación contra el acoso sexual en las Fuerzas Armadas.

El PSOE ya había presentado una proposición no de ley a este respecto en la que exige al Ejecutivo que apruebe dicho protocolo antes de que finalice el actual periodo de sesiones, es decir, antes de junio.

En la iniciativa del Grupo Popular se asegura que "la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales de la actuación del Ministerio de Defensa desde el inicio de la X Legislatura, siendo un objetivo prioritario de esta administración remover cualquier obstáculo que impida su plena vigencia".

Además, garantiza que "desde el primer momento el ministerio ha aplicado una política de tolerancia cero con respecto al acoso sexual, por razón de sexo y profesional, con una perspectiva transversal a todas las dimensiones de su actuación".

"CONTINUAR" LA POLÍTICA

Así pues, el PP reclama al Gobierno en su proposición no de ley "continuar", a través del protocolo anunciado por el ministro, "promoviendo una cultura de tolerancia cero frente a las posibles conductas constitutivas de acoso sexual, por razón de sexo y profesional".

También pide "sustentar la política de tolerancia cero en la prevención de las posibles conductas de acoso, la protección a la víctima, desde el establecimiento de los canales de comunicación y los procedimientos adecuados que garanticen sus intereses legítimos, así como el establecimiento de medidas contra el infractor".

En tercer lugar, insta a que dentro del protocolo se refuercen medidas encaminadas a la prevención, información, formación y sensibilización, así como a la protección de la víctima, detección temprana de las conductas de acoso, de apoyo y asistencia, y de protección de sus derechos. Por último, un seguimiento y control de los casos, del personal implicado y de las medidas adoptadas.