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El PP ve "indicios de corrupción" en la gestión de FEVE en Asturias: Es un "monumento al despilfarro"

El PP de Asturias ha dicho este miércoles que la gestión socialista de la empresa ferroviara Feve es un "monumento al despilfarro", carece de transparencia y presenta "indicios de corrupción".
El diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons, ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado de la diputada nacional del PP por Asturias y concejal en el Ayuntamiento de Avilés, Carmen Rodríguez Maniega, y el presidente de la Junta Local del PP en Langreo y portavoz municipal, Rafael Alonso.
En concreto, Cuervas-Mons ha criticado las cantidades "mil millonarias" destinadas a la compra de trenes que no han llegado a ponerse en marcha, como el 'tren-tran' o el 'Fabiolo' (de hidrógeno), que supusieron 40 millones de euros y cuyas adjudicaciones fueron "a dedo". Además de una locomotora a vapor con fin turístico que tampoco se ha utilizado y que ascendió a 800.000 euros y la compra de unas oficinas por encima de su valor.
"Despilfarro, derroche e indicios de corrupción, esas son las señas de identidad del PSOE en Asturias", ha dicho al respecto el diputado del PP.
Por su parte, Rodríguez Maniega ha criticado que la empresa, pese a su tamaño, tiene unos números rojos "astronómicos" --la deuda asciende a 500 millones de euros-- y su estructura está "sobredimensionada". A esta situación debe de sumarse el mal funcionamiento, que ha perdido viajeros.
Esta gestión ha contribuido a que el actual Gobierno tenga que acometer "duros recortes" ahora, ha afirmado.
Ante esta situación, Maniega ha defendido la fusión de Feve y Renfe que, a su juicio, ofrecerá un mejor servicio a los usuarios y a un menor coste.
En este contexto, el PP ha pedido la comparecencia en la Junta General del Principado de las consejeras de Fomento y Educación, para que aporten información sobre la gestión socialista.
Paralelamente, los 'populares' llevarán este asunto al Congreso y exigirán las responsabilidades oportunas después de analizar los informes de la Abogacía y de la Intervención General del Estado. "El que la hace la tendrá que pagar", ha apuntado Rodríguez Maniega en este sentido.