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El PP defendió hace cinco meses que la gestación subrogada era "contra natura" y el Gobierno se opuso a regularla

Consideró "poco realista" garantizar el altruismo y dijo que "afirmar lo contrario es ponerse una venda en los ojos"
El PP defendió hace cinco meses en el Congreso de los Diputados que la gestación subrogada, más conocida como 'vientre de alquiler', era ir "contra natura", y el Gobierno se opuso a establecer un marco regulatorio en esta materia, después de que el Tribunal Supremo entendiera que es "incompatible" con las relaciones familiares, la dignidad de la persona y la protección de la infancia y además favorece un "forum shopping fraudulento".
En un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio de Justicia mostró el pasado octubre su criterio "desfavorable" a regular la gestación subrogada, una propuesta que había sido planteada entonces por Unión, Progreso y Democracia (UPyD), y recordó que la resolución del Supremo contraria a reconocer la filiación de un menor nacido de una 'madre sustituta' se encontraba recurrida en el Tribunal Constitucional.
Se opuso así a derogar el artículo 10 de la Ley 14/2006, que considera nulo el contrato por el que se convenga la gestación por sustitución, mientras que el Constitucional no resuelva este recurso o se modifique "legislativamente" dicha norma, "lo que previsiblemente ya no podrá hacerse en esta legislatura".
Añadió que la Fiscalía General del Estado consideró "incoherente" prohibir los contratos de gestación por sustitución realizados en España y autorizar los efectos --la filiación-- de los que se celebran en el extranjero, pues esto provocaría un "turismo reproductivo" solo para las parejas que tuvieran suficientes recursos económicos para sufragarlo.
El Gobierno invocó a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en febrero de 2014 que dejó sin efecto la inscripción del nacimiento de dos menores realizada en los Ángeles (California, EEUU) a raíz de un matrimonio que contrató a una mujer 'gestante', al entender que "vulneraba el orden público internacional español". "Según el Supremo, la madre de los menores es, para el Derecho español, la mujer que da a luz", añade el informe.
En la misma línea se expresó la diputada del PP Beatriz Escudero que, durante el debate parlamentario celebrado el pasado 20 de octubre de la iniciativa de UPyD, expuso que había "argumentos técnicos y jurídicos" para rebatirla, pero también "éticos, que derivan de lo que es el ser humano y del respeto a la dignidad humana".
"Lo que ustedes plantean es ir contra natura; no se trata de progresismo, señoría, y mucho menos de progreso", afirmó la diputada 'popular', para recordar que España, como la gran mayoría de países de la Unión Europea, atribuye la maternidad jurídica sobre la base del parto, sobre todo, para "evitar el tráfico de recién nacidos" e impedir "la comercialización de la maternidad".
"EVITAR EL TRÁFICO DE RECIÉN NACIDOS"
"Preservar la dignidad de la mujer incluye evitar este tipo de prácticas que aparentemente se promocionan como altruistas, pero que claramente son motivadas por razones económicas", afirmó Escudero, para considerar "poco realista" garantizar el altruismo de la gestación subrogada, tal y como demuestra "el panorama internacional".
"Querer afirmar lo contrario es ponerse una venda en los ojos, es no querer verlo", dijo al término de su intervención que fue aplaudida por sus compañeros de bancada, según el acta recogida por Europa Press.
Escudero puso también de relieve que "en Estados Unidos, donde se permite la gestación subrogada, las madres gestantes cobran entre 20.000 y 35.000 dólares pero los progenitores tienen que pagar entre 100.000 y 150.000 dólares", mientras que en la India las gestantes cobran 7.000 dólares y los progenitores pagan alrededor de 50.000.
La polémica se ha desatado después de que Ciudadanos, haya presentado una proposición no de ley que apuesta por que el Gobierno central regule la gestación subrogada para garantizar "los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso".
La iniciativa podría contar con el visto bueno del PP, que ha presentado una enmienda reclamando que esta actividad no tenga fin lucrativo. Los populares ya han avanzado que votarán sí en el caso de que C's apruebe su enmienda.