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El PP denuncia irregularidades graves en el Servicio de Telecomunicaciones del Principado

El grupo Parlamentario del PP en el parlamento asturiano, después de un año solicitándolo y de más de una decena de iniciativas, ha logrado el pasado día 3 de febrero que el Principado le remita los informes técnicos elaborados por los funcionarios del Servicio de Telecomunicaciones del Principado en los que quedan patentes las "graves irregularidades" en la gestión de GIPTA, una empresa en la que no existía ningún tipo de control.
Así lo ha indicado el diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons, en una rueda de prensa a la que han asistido la propia presidenta del PP y buena parte de sus diputados. Cuervas Mons ha comenzado asegurando que el Gobierno socialista "ha ocultado deliberadamente estos informes técnicos" negando de manera sistemática el acceso a los mismos por parte del PP.
En este sentido ha destacado que los informes de los técnico fueron firmados en junio de 2014 pero no ha sido hasta ahora, casi un año después de la solicitud de información, cuando se enviaron al grupo del PP, todo ello con "el único objetivo de que los posibles delitos no saliesen a la luz pública hasta después de las elecciones autonómicas".
"Esta documentación es de la máxima gravedad", ha dicho Cuervas Mons, que ha comparado este asunto con el llamado Caso Marea y que que ha insistido en que su grupo lleva tiempo alertando de estas irregularidades en una empresa que gestionó obras por 60 millones de euros y cuyo control era "ficticio".
La empresa de Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones fue la encargada de establecer la denominada Red Asturcón. De cara a su disolución su director general reconoció importantes dificultades que motivaron los informes técnicos. En los mismos se describen importantes problemas sobre todo en la red pública conocida como 'Troncal Occidental'.
Según ha explicado Cuervas Mons, que ha leído párrafos concretos de los informes, se detectan numerosas irregularidades en la obra, desde acopio de materiales o la compra de tubo innecesario no utilizado, hasta un sobrecoste de más de 978.000 euros entre lo presupuestado y lo facturado, así como la grave omisión de facturas.
"En otro informe firmado por los técnicos se destaca que se facturó más obra de la realizada, con datos totalmente discordantes. No cuadra nada, ni lo contratado, ni lo ejecutado, ni lo certificado. Hay absoluto descontrol y muestras de una doble contabilidad", ha dicho Cuervas Mons.
Se destaca en los informes certificaciones firmadas incluso antes de la firma del contrato con la empresa que las realiza o un día después de la formalización de este contrato, lo que equivaldría a haber comprobado la construcción de más de 31.000 metros de zanja y canalizaciones y 920 horas de servicio piloto de seguridad en una sola jornada.
Cuervas Mons ha ido más allá y ha apuntado a la relación entre el entonces gerente de GIPTA, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos y la empresa encargada de hacer dichas certificaciones, a la que el propio Bañuelos había pertenecido y para la que trabajaba su hijo.
Ante todos estos datos desde el PP insisten en que "estamos ante una caso de corrupción pura y dura tan grave o peor como el caso Marea" y añaden que no existe seguridad sobre ninguna de las obras desarrolladas por GIPTA.
Por ello solicitan la revisión "uno a uno de todas y cada una de las obras realizadas" y que al margen de la labor de fiscalía --que ya cuenta con toda la información-- el Gobierno inicie acciones jurídicas de otra índole contra las personas implicadas en dichas irregularidades.
Así mismo Cuervas Mons ha insistido en exigir al presidente del Principado, Javier Fernández, que de la cara y se pronuncie sobre este asunto.