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El PP buscará "una participación más eficiente del sector privado" en la prestación de los servicios públicos

El Partido Popular pretende conseguir "una participación más eficiente del sector privado" en la prestación de los servicios público. Éste es uno de los objetivos que aspira a alcanzar con la reforma de la Administración que pondrá en marcha si gana las elecciones del próximo 20 de noviembre.
En el resumen del programa electoral que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha presentado este lunes en Santiago de Compostela y que ha sido aprobado por su Comité Ejecutivo, los 'populares' afirman que uno de los ejes fundamenales de su agenda es la reforma y modernización del sector público en función de los principios de austeridad, transparencia y eficacia.
En concreto, el capítulo 'La Administración, motor del cambio' incluye tres "objetivos claros" en su transformación: una provisión "más eficiente" de los servicios públicos, una mejora en la rendición de cuentas y la "participación más eficiente del sector privado". El programa no aclara si fomentará que esta implicación del sector privado sea mayor ni a qué sectores concretos se refiere.
Además, aboga por una "nueva política de recursos humanos, moderna, basada en la profesionalidad y en los principios de mérito y capacidad". Entre las medidas específicas que propone está la reacionalización de estructuras administrativas y costes y la reducción de altos cargos, personal eventual y gastos corrientes.
LEY DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Asimismo, asegura que, si llega a La Moncloa, el PP aprobará "con carácter inmediato" una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que abordará desde una perspectiva integral "la transparencia como un derecho de los ciudadanos y como un principio básico de actuación de todas las administraciones públicas".
También incluye como medida concreta la reducción del número de entes y organismos del sector público para asegurar una gestión más transparente y eficiente y se compromete incluso a "suprimir" aquellos organismos que "no respondan a una racionalidad económica o administrativa" y cuya actividad pueda ser asumida por la Administración con sus actuales medios.