El PSC pide declarar nulos los juicios franquistas e indemnizaciones a los deportados a campos nazis

El PSC ha registrado este martes en el Parlament una propuesta para que la Cámara catalana presente a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley que declare nulos los juicios políticos del franquismo, compense a las víctimas de deportaciones a campos de concentración nazis y reconozca la responsabilidad de las autoridades franquistas.

La iniciativa, recogida por Europa Press, es una modificación de la Ley 52/2007, de reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que incorpora artículos y apartados que declaran "nulos y sin ningún efecto jurídico" las actuaciones y sentencias políticas de los tribunales, jurados y órganos penales o administrativos que funcionaron durante la guerra y la dictadura.

Asimismo, reconoce el derecho a recibir una "certificación de la nulidad" de estos procesos expedida por la autoridad competente, además de la declaración de reparación y reconocimiento personal que ya prevé la Ley.

135.000 EUROS A LOS DEPORTADOS

La propuesta de los socialistas señala "la responsabilidad de las autoridades públicas de la dictadura franquista" en la deportación de personas los campos de concentración del régimen nazi y prevé indemnizaciones de 135.000 euros a los deportados supervivientes o a los descendientes y cónyuges de los que murieron entre el 22 de junio de 1940 y el 1 de septiembre de 1945 en estos campos.

Los beneficiarios tendrían un año tras la publicación de la Ley para solicitar la compensación, que es sucesiva y excluyente, y deberá repartirse al 50% entre el cónyuge y el total de hijos como conjunto, que a su vez recibirán su mitad de la indemnización a partes iguales.

Así, en caso de no haber hijos o cónyuges, serán beneficiarios por este orden los nietos, los hermanos del fallecido y los hijos del cónyuge en caso de dependencia económica.

La ley que el PSC quiere modificar se aprobó el 26 de diciembre de 2007, al final de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, y contó con el voto favorable de PSOE, IU, PNV y BNG.