PSE-EE propone mayores garantías de imparcialidad en la designación de los miembros del Tribunal de Cuentas

Así se recoge en la docena de enmiendas presentadas a la propuesta conjunta de reforma de EH Bildu y PP, grupos que plantean que se establezca una designación proporcional en función de la representación que cada grupo tenga en la Cámara.

A pesar de que el plazo de enmiendas para la Ley se ha ampliado a petición del PNV, los socialistas vascos han registrado ya sus propuestas, "coherentes con las planteadas en otros órganos de designación de la Cámara, como el Ararteko o la dirección de EITB", han indicado.

Según justifica el portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, el objetivo debe ser garantizar la objetividad y la neutralidad política del órgano fiscalizador, principios que "no son compatibles con su utilización como moneda de cambio en las negociaciones entre partidos, una práctica que ha sido habitual hasta la fecha". Por ello, propone eliminar la proporcionalidad que plantean PP y EH Bildu, tanto en la exposición de motivos como en el articulado.

De forma alternativa, las enmiendas socialistas plantean que los miembros se elijan en adelante por una mayoría de tres quintos, como la que se requiere para el Ararteko, "lo que exige consensos más amplios que la actual mayoría absoluta y aleja sospechas de intereses partidistas".

Además, proponen que las personas propuestas por los Grupos, antes de ser elegidas por el Pleno, comparezcan previamente ante la Comisión correspondiente de relaciones con el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para exponer su currículo y defender su idoneidad para el cargo, fórmula que los socialistas han planteado también para el Ararteko y la dirección de EITB.

Las enmiendas socialistas apuestan igualmente por aumentar incompatibilidades para los miembros (excluye cargos de confianza, funciones directivas en asociaciones o fundaciones o permanencia en servicio activo de cualquier administración), prohíbe a sus miembros cualquier actividad de propaganda política y prevé el desarrollo de un reglamento interno, con su correspondiente régimen sancionador y la regulación de su propio régimen económico y patrimonial, así como de los asesores.