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El PSOE de Boadilla exige una comisión de investigación municipal

El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, durante una rueda de prensa.telecinco.es
El portavoz del PSOE de Boadilla, Pablo Nieto, ha solicitado la convocatoria una comisión para dilucidar "de una vez por todas las sombras que se ciernen sobre el Consistorio y restaurar la confianza de los vecinos en sus representantes". Nieto sostiene que el alcalde de la localidad madrileña, Arturo González Panero (PP) y Francisco Correa, detenido en la operación, viajaron juntos a Miami en abril de 2002 y julio de 2003.
Los socialistas aseguran que el Ayuntamiento ha pagado facturas a la empresa Pasadena Viajes, de la que es administrador Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia, y de la que fue administradora Carmen Rodríguez Quijano, ambos detenidos el viernes en el transcurso de la misma operación.
Además de la agencia de viajes, las empresas investigadas en Boadilla son Servimadrid Integral y Easy Concept Comunicación.
En Valencia
Durante su intervención para abrir el primer Comité Nacional del PSPV tras su undécimo Congreso, Alarte ha exigido a Camps que explique la "relación" de la Generalitat con la citada firma valenciana, supuestamente relacionada con la trama de corrupción urbanística que afecta a varias provincias.
El viernes, dos funcionarios de Justicia se personaron en la Conselleria de Turismo para reclamar el expediente administrativo por el que se adjudicó, por casi un millón de euros, el diseño y montaje del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur a la empresa Orange Market.
"Hoy es un buen día para decirle a Camps que, además de ir a decirle a Fabra que es un gran referente moral, el lunes salga sin falta y explique a los valencianos por qué la Policía Judicial entró en una sede de la Generalitat para llevarse papeles", ha afirmado Alarte.
A su juicio, Camps "tendrá que explicar qué relación tiene con unos empresarios que hacen llamadas de teléfono para repartirse dinero de no se sabe quién". El secretario general de los socialistas valencianos ha indicado que corresponde a los jueces determinar las responsabilidades penales, pero sobre las responsabilidades políticas será el president de le Generalitat quien deba explicar "qué papeles que son de su responsabilidad necesita ver Garzón".
Por su parte, Mónica Oltra ha referido que "ya denunciamos en su día que no nos parecía correcto que una empresa vinculada al Partido Popular resultara siempre tan beneficiada por el Consell a la hora de adjudicar contratos para montar, entre otras cosas, los 'stands' de Turismo en Fitur", ha añadido la diputada autonómica.
En su opinión, la intervención judicial de ayer en las oficinas de la Conselleria de Turismo demuestra que las "sospechas" de su grupo parlamentario "no iban mal encaminadas". "Es lamentable -ha criticado- que desde el Consell se nos niegue sistemáticamente a la oposición información sobre este tipo de contratos y haya debido ser mediante una orden judicial por la cual se han requisado los contratos de la Conselleria de Turismo con Orange Market".
EB/KOD
 
 
 
 
En el último año, el alcalde ha sido protagonista de un cruce de acusaciones de corrupción con el ex concejal de Sanidad, Francisco Arranz, al que acabó destituyendo el año pasado.
 
Sin embrago, Arturo González Panero ha negado ser el propietario de los inmuebles que le han atribuido en Miami. Ha dicho que la causa de estas falsas acusaciones es un malentendido en el registro de la propiedad de esa ciudad. (PP),
 
El alcalde ha anunciado que encargará un informe para demostrar quiénes son los verdaderos propietarios de esas viviendas. Ha afirmado que las denuncias se han hecho sin una comprobación "seria, rigurosa y fidedigna", accediendo a la página web www.miamidade.gov del registro de Miami, donde su nombre, al tratarse de un estado de población hispana mayoritariamente, es "muy común" por lo que aparecen múltiples viviendas con los mismos datos.
 
González asumirá personalmente el coste del informe, aunque ha advertido de que se resarcirá con las demandas que pretende interponer por "calumnias e injurias" contra los responsables de las denuncias.