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Las medidas que el PSOE propone para negociar la investidura

El PSOE plantea negociar con Bruselas la ampliación del plazo para cumplir el objetivo de déficit público tal y como recoge en la propuesta que ha realizado titulada 'Programa para un Gobierno progresista y reformista', que tiene previsto enviar a todos los partidos con los que se ha sentado a negociar el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Junto con esta petición, el nuevo Gobierno presentaría un paquete de reformas estructurales encaminadas a aumentar el crecimiento económico y un nuevo sistema fiscal que eleve los ingresos.

Así, precisa que el objetivo es "garantizar la estabilidad presupuestaria" y "negociar con las instituciones comunitarias una nueva senda de reducción de déficit público, que nos conduzca en 2019 a un déficit en el entorno del 1 por ciento del PIB".
Esto supondría ampliar el plazo para el cumplimiento de los objetivos de déficit fijados para España, que el PSOE considera "muy exigentes", ya que la previsión de Bruselas es que en 2018 el déficit español se haya ido reduciendo hasta el 0,3 por ciento, después de haberlo reducido en 2016 al 2,8 por ciento y en 2017, al 1,4 por ciento.
Sin embargo, el déficit previsto para el pasado ejercicio se sitúa en el entorno del 4,8 por ciento en dato provisional, es decir, seis décimas más de lo previsto, y la Comisión ya ha requerido a España que realice un nuevo ajuste presupuestario por entender que los Presupuestos Generales para 2016 presentan una desviación de 10.000 millones de euros.
En el citado documento se precisa que de no hacerse este ajuste se podría activar la propuesta de sanción que equivaldría a la apertura de un depósito sin intereses del 0,2 por ciento del PIB.
Por este motivo, el PSOE considera que el nuevo Gobierno debe iniciar una negociación con Bruselas para acordar unos nuevos objetivos anuales de déficit y deuda pública y recuerdan que esa "flexibilización" se ha acordado ya para otros países como Francia, Alemania e Italia.
En este contexto, los socialistas alegarían la "importante desviación" al alza del objetivo de déficit de 2015, la dificultad para contener la deuda pública, así como el déficit de la Seguridad Social en un entorno deflacionario y la situación de emergencia social, así como la necesidad de recuperar los niveles de gasto social por habitante para converger con Europa.
CONSOLIDACIÓN FISCAL A CUATRO AÑOS
Los socialistas consideran mas "realista y equilibrada" esa senda gradual de consolidación fiscal a cuatro años que permita colocar el déficit por debajo del 3 por ciento en 2017, con un año de retraso respecto a los objetivos actuales y que sitúe el déficit en el entorno del 1 por ciento en 2019.
Junto a ello, el nuevo Gobierno ofrecería a Bruselas un paquete de reformas estructurales para aumentar el crecimiento de la economía y un nuevo sistema fiscal que tenga como eje la lucha contra el fraude, el fin de las amnistías fiscales y permita "elevar" los ingresos en dos puntos del PIB a lo largo de la Legislatura.
La nueva fiscalidad estaría centrada en una "reforma integral" de la tributación de la riqueza, para lo que propone crear una comisión de expertos en el primer trimestre de la Legislatura y que sus conclusiones se puedan incorporar al Presupuesto de 2017.
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
También se haría una reforma de los impuestos de Sucesiones y Donaciones, así como el de Patrimonio, para incluir un mínimo común que se aplique en todo el territorio. Se aprobará un fiscalidad mediambiental con un impuesto a las emisiones de CO2; se reformará el impuesto de Sociedades para asegurar una tributación mínima del 15 por ciento y se impulsará la puesta en marcha del impuesto de transacciones financieras tal como lo aplican ya once países de la UE.
Además del aumento de la recaudación por estas vías, el PSOE se marca como una de las prioridades aprobar una Estrategia de lucha contra el fraude fiscal, la evasión y la economía sumergida y en ella se incluirán algunas medidas inmediatas para aumentar los ingresos en el corto plazo.
Para ello, se incrementará en 5.000 efectivos el número de inspectores, agentes tributarios, administrativos, TICs y Cuerpos de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria; se creará una Oficina de Lucha contra el Fraude que coordine los flujos de información de la Agencia Tributaria con la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y el Catastro y las administraciones territoriales.
CAMBIAR LA NORMA PARA INSPECCIONAR GRANDES EMPRESAS
El PSOE propone también limitar los pagos en efectivo rebajando el límite a 1.000 euros y una modificación urgente de la ley general tributaria por entender que en su última reforma de 2015 ha supuesto importantes perjuicios para la agencia tributaria en los procedimientos inspectores frente a las grandes empresas. Especialmente perjudica los procedimientos inspectores iniciados antes de su entrada en vigor, que son los que producirían efectos recaudatorios a partir de 2016. "Se hace imprescindible y urgente su modificación inmediata, en particular en lo referente a bases o cuotas pendientes de compensación", señala el documento.
Los socialista plantean modificar también el marco de la gobernanza fiscal, reformando la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Así, en lo que se refiere al principio de Estabilidad presupuestaria señalan que se entenderá como "equilibrio financiero" un déficit máximo del -0,5 por ciento, "en línea con el Pacto Fiscal Europeo". No obstante, en este apartado no se incluye la reforma del artículo 135 de la Constitución como el PSOE había anunciado durante la campaña electoral.
En este marco sí proponen reformar la regla de gasto que se aplica a las CCAA para que cumpla su papel de estabilizador anticíclico y reforzar la coordinación entre administraciones para lograr la estabilidad fiscal y financiera.
A ello añaden el refuerzo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) a la que se dotarán de más recursos e independencia real.
AUDITORIA DEL GASTO PUBLICO
La puesta en marcha de una auditoría del gasto público de la administración central se incluye entre las medidas para mejorar la eficiencia del gasto público y para ello se prevé seguir la metodología de los organismos internacionales con el fin de limitar las inercias, eliminar gasto supérfluo, establecer prioridades y mejorar la eficacia.
En este paquete se incluiría una reforma de la Ley de contratos del Sector Público para que el precio no sea el único criterio de valoración y selección de contratistas en las licitaciones públicas, teniendo en cuenta la calidad, las cláusulas sociales o el "compromiso anticorrupción".