El acuerdo PSOE-C's propone dar poder real al Congreso para vetar al fiscal general que proponga el Gobierno

El documento de acuerdo de investidura hecho público por el PSOE y Ciudadanos incluye dar poder al Congreso de los Diputados para rechazar "de forma razonada" y con una mayoría de 3/5 la propuesta de nombramiento del fiscal general del Estado, que seguiría correspondiendo en todo caso al Gobierno.

Así se señala en el apartado del documento referido a la Reforma de la Justicia, que concreta que con carácter previo al nombramiento por el Ejecutivo del fiscal general, el candidato deba comparecer ante la Comisión de Justicia, "que podrá rechazar de forma razonada la propuesta por una mayoría de 3/5", aunque no especifica si este rechazo se produciría en dicha comisión o en el Pleno.

La novedad respecto a la forma en la que se elige actualmente este alto cargo radica en la introducción de dicho veto, ya que actualmente la figura del fiscal general es la única para cuyo nombramiento intervienen los tres poderes del Estado. Desde 2007 lo propone el gobierno previa comparecencia ante el Congreso y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que deben dar un visto bueno de carácter general que hasta el momento se ha venido produciendo de forma automática.

Respecto al Ministerio Público, el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos también incluye una Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía de esta institución, así como aprobar con el mayor consenso una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) "que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y cree la figura del juez de garantías".

NOMBRAMIENTO DE VOCALES DEL CGPJ

El documento no hace una mención específica al sistema de renovación de los vocales del CGPJ, si bien incardina esta cuestión bajo el epígrafe titulado "Procedimiento para el Nombramiento de Cargos de Designación Parlamentaria".

Sin ser muy concreto, el documento habla de modificar el procedimiento de designación mediante la convocatoria pública de las vacantes a cubrir, la evaluación de la competencia de los candidatos por un comité Asesor compuesto por profesionales; publicidad de los informes de evaluación, comparecencias en las correspondientes comisiones del Congreso y el Senado y aprobación de los cargos "por la mayoría que proceda".

En todo caso, apunta que no podrán acudir a esta convocatoria pública quienes en los últimos dos años hayan sido cargos electos, miembros del Gobierno, de gobiernos autonómicos u otros cargos de las administraciones públicas. Este procedimiento afectaría también a los miembros del Tribunal Constitucional. Sí especifican que la actual composición del CGPJ, de 20 miembros, debería ser reducida a la mitad y sus funciones "corregidas".

Por otra parte, el documento habla de impulsar un Pacto de Estado para alcanzar "las ratios medias" en otros países europeos en relación con medios personales y materiales en los juzgados y la derogación de varias reformas del PP, entre ellas la prisión permanente revisable y el artículo 315.3 sobre el ejercicio del derecho de huelga.

DEROGAR PLAZOS DE INSTRUCCIÓN.

También incluye el documento una revisión del Código penal "para volver a los principios del Código Penal de la democracia" que incluiría cambios en las penas relativos a los delitos contra la Hacienda Pública, la ordenación del territorio, el medio ambiente y el urbanismo. Se incluye "con carácter inmediato" derogar la reforma de la LECrim en lo referido a la limitación de los plazos de instrucción.

También se añade en el documento una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para redefinir una nueva estructura organizativa y territorial de los juzgados junto con una revisión del modelo de acceso a la Carrera Judicial que asegure el mérito y la capacidad en los nombramientos.

Otros puntos del acuerdo pasan por dotar de medios adecuados a los abogados de oficio, desarrollar el despliege de la Oficina judicial "implantando en todo el territorio español un único sistema informático de gestión procesal", suprimir las tasas judiciales para Pymes, y diversas medidas para fortalecer los derechos de los consumidores.

Entre ellas, un sistema de "segunda oportunidad" que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de los deudores "con protección de la vivienda habitual frente a los desahucios", la eliminación de las cláusulas suelo y las abusivas y la formación en derecho de consumo de los jueces.