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PSOE y C's defienden la indemnización por cese para los diputados mientras Podemos rechaza "privilegios"

Un total de 64 exdiputados la han pedido tras el 20D, un centenar sigue cobrando pensión del Congreso y unos 50 perciben un complemento
El PSOE y Ciudadanos han defendido este jueves el derecho de los diputados que dejan de serlo a percibir una indemnización por cese incompatible con ningún otro ingreso, mientras que Podemos ha rechazado que los parlamentarios disfruten de "privilegios" que están vetados a otros trabajadores.
Un total de 64 diputados de la anterior legislatura han solicitado al Congreso cobrar esta indemnización, a la que tendrán que renunciar en el caso de encontrar un empleo o percibir cualquier ingreso ya sea público o privado.
La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso Irene Montero ha indicado que en su partido son favorables a impulsar políticas dirigidas a "disminuir las desigualdades" y "fortalecer los derechos laborales de la mayoría trabajadora".
Por eso, respaldan que se eliminen los "privilegios" que "aquéllos que por su posición en la sociedad" tienden a tenerlos. Así, considera que los diputados deben "ser un ejemplo para la sociedad" y no deben "disfrutar de privilegios que de alguna manera son injustos porque no los pueden disfrutar la mayoría de la ciudadanía", que con sus impuestos son los que financian este tipo de indemnizaciones por cese.
El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ha explicado que los diputados no tienen derecho a prestación por desempleo, por lo que, si piden la indemnización por cese es porque no tienen "ningún otro tipo de ingreso".
DOS TIPOS DE INDEMNIZACIÓN
Los diputados que cesan en sus cargos por la disolución de las Cortes tienen derecho a la denominada indemnización de transición, que equivale a dos meses del sueldo que venían cobrando (tanto la asignación constitucional como los complementos que les correspondieran) y se abona en un solo pago.
Además, quienes pierden su escaño bien porque no concurre a las elecciones o bien porque no es elegido, pueden solicitar una indemnización por cese que les permitirá cobrar durante dos años su asignación constitucional (2.813 euros), pero no los complementos que se sumaran a sus antiguas nóminas por sus respectivos cargos parlamentarios.
Según el listado hecho público por el Congreso, recogido por Europa Press, son un total de 64 los exdiputados que han pedido esta indemnización, aunque seis ya han renunciado a ella. Se trata de los exministros socialistas Trinidad Jiménez -que se ha incorporado a Telefónica-- y Jesús Caldera; la exvicepresidenta del Congreso Teresa Cunillera; el exportavoz económico del PP, Vicente Martínez Pujalte, y los también diputados 'populares' José Miguel Castillo Calvín y Javier Puente.
A otros 29 únicamente les quedan por cobrar dos o tres mensualidades, entre ellos José Enrique Serrano, exjefe de Gabinete de Felipe González y de José Luis Rodríguez y uno de los miembros del equipo negociador del PSOE para buscar apoyos a la investidura.
También perciben esta indemnización el exsecretario primero de la Mesa del Congreso, el 'popular' Ignacio Gil Lázaro, que la cobrará hasta enero de 2018; la exdiputada del PSC Isabel López i Chamosa, a la que restan 19 mensualidades, y la exministra Ana Mato que la recibirá durante los próximos 18 meses.
PENSIONES, COMPLEMENTOS Y AYUDAS
Además, todavía hay un centenar de exdiputados que sigue cobrando las pensiones parlamentarias que se suprimieron hace unos años para los nuevos diputados pero que han continuado percibiendo los que lo hacían hasta ese momento.
También hay medio centenar de diputados que perciben un complemento de pensión que les paga el Congreso para que puedan percibir la pensión máxima y que, por tanto, varía en cada caso. Hace dos legislaturas la Cámara eliminó esa ayuda, pero los que venían recibiéndola hasta entonces lo han seguido haciendo.
En el régimen de protección social de sus señorías se incluye, asimismo, una ayuda para los cónyuges (las que la cobran en la actualidad son unas 60 viudas) o huérfanos de los diputados que, a su fallecimiento, queden en una situación económica complicada. Esta ayuda hay que solicitarla expresamente y, si se concede, se revisa de forma anual.