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El PSOE en Extremadura confía en que la sentencia del TC sirva para "enterrar" la Ley de Reforma Local de Rajoy

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha transmitido la "satisfacción" de su formación por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula algunos preceptos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), y ha confiado en que el fallo sirva para "definitivamente enterrar" la citada norma aprobada por el Gobierno central del 'popular' Mariano Rajoy.
En rueda de prensa, ha augurado también que la sentencia "dará alas" a los grupos político en el Congreso, excepto al PP, ha dicho, para la "derogación" de la citada ley, así como para la articulación de una "nueva" construida a través del "consenso".
García ha apostado, en este sentido, por la negociación de una nueva norma que permita "equilibrar" competencias del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, de una forma "triangular", y sin que "ninguna" de dichas administraciones sea "superior a la otra".
El portavoz socialista ha destacado, igualmente, durante su comparecencia informativa que el fallo del Constitucional sea sobre el recurso formulado en su día por la Asamblea de Extremadura, en tanto que ello supone que se "sientan las bases doctrinales" para los sucesivos fallos que, según ha recordado, se irán produciendo sobre los respectivos recursos formulados por otros parlamentos nacionales y ayuntamientos, entre otros.
Así, ha incidido en que la sentencia del TC alude a que el Gobierno central del PP "ha invadido las competencias de la comunidad autónoma de Extremadura" a través de una Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que supone "una chapuza jurídica", en en tanto que "pretendía en el fondo controlar las competencias de los ayuntamientos desde la administración estatal".
En esta línea, García ha entendido que tras el fallo del Constitucional se evidencia que el próximo gobierno nacional "tendrá que derogar" la citada norma aprobada por el PP, al entender que la misma "invadía competencias de la comunidad autónoma".