PSOE pide devolver al Gobierno el proyecto de justicia gratuita de Gallardón por atacar a desfavorecidos y 'sin papeles'

Así lo exponen los socialistas en la enmienda a la totalidad, recogida por Europa Press, que se suma a las presentadas por la Izquierda Plural y el Grupo Vasco, que ha criticado cómo "vulnera" las competencias de las comunidades autónomas y ha preguntado dónde ha ido a parar la recaudación de las tasas judiciales que supuestamente debería haberse destinado a financiar la justicia gratuita.

El Grupo Socialista cree que el Ejecutivo materializa en esta norma una de las líneas por las que ha optado para luchar contra la inmigración clandestina y lo hace colocando a los inmigrantes en situación irregular fuera del sistema. "Esta medida se suma a otras que viene realizando el Gobierno en la dirección de ignorar o suprimir derechos", expone.

El principal grupo de la oposición entiende que el proyecto de ley es un "eslabón" más en la tarea que se ha propuesto Gallardón de "dar una nueva lanzada" a la Administración de Justicia.

Critica que trata de forma igual "situaciones desiguales" al permitir el acceso a estas prestaciones a ciertas personas con recursos económicos. En todo caso, deja claro que "endurece" los requisitos para disfrutar de este derecho, al rebajar de 14.910 a 12.780 euros los importes para las unidades familiares de una sola persona.

Los socialistas defienden que el servicio de la justicia gratuita debe garantizarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, evitando la "incertidumbre" de vincularlo con la recaudación de las tasas judiciales. En este sentido, recuerdan que los gravámenes han sido recurridos en el Tribunal Constitucional, por lo que la estimación de su inconstitucionalidad tendría consecuencias directas para la justicia gratuita.

"El proyecto de norma constituye no solo un instrumento de desincentivación del uso de este servicio, sino que aumenta innecesariamente las obligaciones de los abogados que prestan el servicio, a los que reduce los honorarios, haciendo recaer en los mismos cualquier disfunción del sistema y maltratando con ello al servicio público y a los letrados que lo prestan", señala el escrito, que concluye que beneficia a los grandes bufetes en detrimento de los abogados con despacho propio en pequeñas localidades.