El PSOE pide que las asociaciones de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas tengan justicia gratuita

El PSOE ha pedido que las asociaciones representativas de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas tengan derecho a abogados de oficio y a otros beneficios derivados de la justicia gratuita, con independencia de sus recursos económicos.

Así figura en las enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, que el principal grupo de la oposición ha presentado al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que ya reconoce este derecho de los sindicatos a los sindicatos.

Los socialistas piden extenderlo a las asociaciones de las Fuerzas Armadas cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de intereses profesionales, sociales y económicos ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. De lo contrario, estarían en una situación "objetivamente peor que la del resto de servidores públicos para la defensa de sus intereses colectivos, ya severamente limitada".

El PSOE aconseja también que los presos tengan derecho al servicio de asesoramiento y asistencia jurídica gratuita en la vía previa administrativa y en todas sus actuaciones ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. A su juicio, sus reclamaciones no se agotan en la causa penal sino que alcanzan materias como beneficios penitenciarios, prisión preventiva o ayuda en cuestiones familiares o laborales.

Además, defiende que las ONG de protección del medio ambiente cuenten con justicia gratuita, como otras tantas asociaciones, y que los colegios de abogados puedan implantar servicios de asesoramiento a los solicitantes que estén exentos de pago.

PROXIMIDAD EN LA JUSTICIA GRATUITA

El Grupo Parlamentario Socialista pide asegurar mediante la "proximidad" el nivel de calidad y de competencia que están prestando los abogados de oficio y además emplaza a no considerar un abuso el hecho de solicitar tres veces justicia gratuita y tener que justificar esta necesidad.

"Los abusos de este derecho son situaciones excepcionales y no parece aceptable atender a una presunción vinculada al número de veces que se solicita el reconocimiento del derecho en un año", recoge en sus enmiendas, que piden extender este beneficio a las víctimas de violencia de género aunque no obtengan una sentencia condenatoria contra sus agresores.

El ponente socialista Gabriel Echávarri ha defendido que sus iniciativas intentan corregir "el desaguisado" del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al incluir muchas de las reivindicaciones de los afectados por la normativa que sustituye a la de 1996.

"Es un eslabón más en la tarea que parece que se ha impuesto de acabar con la administración de justicia, de privar a los ciudadanos de la última ratio que tienen para hacer valer sus derechos, el acceso a los Tribunales y la tutela judicial efectiva".