El PSOE de Móstoles (Madrid) solicita la rescisión "inmediata" de los contratos con Cofely

"Son muchas las llamadas que estamos recibiendo de muchos centros educativos de Primaria que no tienen calefacción, desde ayer que empezó el frio, y que no funcionaba", ha reseñado.

En este punto, ha explicado que en unos casos el motivo es debido a que la compañía responsable del mantenimiento, "que es la empresa Cofely", no la ha puesto en marcha, y en otros porque "no se ha hecho la inspección preceptiva para el funcionamiento de las mismas".

Para el PSOE, a tenor de los últimos acontecimientos, el Consistorio ya debería haber iniciado el proceso de rescisión del contrato por la "presunción de haberse adjudicado de manera irregular y por el incumplimiento del mismo", asegurándose a su vez el poder garantizar el servicio a los colegios.

"Al final quienes están pagando las consecuencias de la nefasta gestión del equipo de Daniel Ortiz en el Ayuntamiento de Móstoles son los más pequeños, los niños en los centros escolares que hoy no tienen calefacción ni cuentan con unas instalaciones adecuadas en sus centros educativos" ha manifestado Lucas.

De igual modo, ha aprovechado para criticar al concejal de Mantenimiento e Infraestructuras, David Sánchez del Rey, por no haber "asumido sus responsabilidades políticas" ya que es en su Concejalía donde está este contrato con Cofelys, según alega.

"Este edil debería haber dimitido ya. Lo debe hacer porque se está incumpliendo este contrato y no se están tomando las medidas necesarias", ha concluido el portavoz socialista.

SANCIONES A COFELYS

Por su parte, el Consistorio mostoleño anunciaba en el día de ayer que se procedería a sancionar económicamente a Cofely por dejar a los siete colegios de la localidad sin calefacción.

De igual modo, recordaba que se había abierto la semana pasada diligencias administrativas a esta empresa, y que el próximo jueves expira el plazo dado para que la compañía presente las alegaciones, documentos y justificaciones que estimen pertinentes para garantizar la correcta ejecución de las prestaciones contratadas.

Según el acuerdo de la Junta de Gobierno, de no atenderse este requerimiento, o si no se garantiza la correcta ejecución del contrato, el órgano de contratación podrá iniciar otros trámites administrativos como la posible imposición de sanciones, penalidades o la extinción del contrato.