PSOE y PP se comprometen a desterrar desde hoy la publicidad electoral hasta la campaña

El PSOE y el PP se han comprometido a aplicar desde hoy mismo, y hasta la campaña electoral de los comicios del próximo 20 de noviembre, la nueva disposición de la Ley Electoral que prohíbe la contratación de publicidad exterior (vallas y carteles, principalmente) en periodo de precampaña.

La reforma de la Ley Electoral, auspiciada por PSOE, PP, CiU y PNV, entró en vigor a finales de enero y, entre otras novedades, prohíbe la publicidad exterior en precampaña (desde la convocatoria de unas elecciones), así como la prohibición de actos de inauguración.

Este martes, el mismo día en que se debate la reforma constitucional auspiciada por los dos grupos mayoritarios, las directoras de campaña del PSOE, Elena Valenciano, y del PP, Ana Mato, han anunciado su compromiso de adelantar el fin de la publicidad exterior en precampaña, aplicándola desde ya mismo, sin esperar a que el 27 de septiembre se publique el decreto de convocatoria que oficializa el inicio de la precampaña. Por tanto, los carteles, vallas y marquesinas no aparecerán hasta los quince días de campaña electoral.

RAZONES DE AUSTERIDAD

Según alegan, la promesa de cumplir la prohibición de la publicidad exterior en precampaña electoral se debe a razones de austeridad y a un empeño por favorecer el debate de ideas. De hecho, han explicado que el dinero que ahorren con esta medida --que no han cuantificado-- se empleará en parte en organizar actos para explicar sus propuestas programáticas a los ciudadanos.

Las restricción de publicidad electoral y la prohibición de inauguraciones se aplicaron por primera vez en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, pero entonces los partidos políticos colocaron carteles antes de la precampaña para dar a conocer sus candidatos locales.

Hubo también polémica cuando PSOE y PP intentaron que la Junta Electoral Central hiciera una interpretación menos rígida del precepto para permitir algunos soportes publicitarios o visitas a las obras en vez de inauguraciones, desatando las quejas de los partidos minoritarios. Al final, el organismo arbitral tuvo que hacer pública una serie de instrucciones para aclarar los términos de las restricciones a la publicidad y actos de inauguración.