El PSOE pregunta al PP andaluz "si tomará medidas" contra sus alcaldes vinculados a cursos de formación y exoneraciones

En un comunicado, Cornejo ha insistido en preguntar si López "va a cuestionar y actuar" en relación a estos alcaldes que "están exactamente en las mismas condiciones que miles de empresas, instituciones, asociaciones, colectivos o entidades que han desarrollado acciones formativas en Andalucía". "¿Cree que estos responsables políticos del PP son unos corruptos y los van a cesar, los van a apartar?", ha preguntado a la 'popular'.

El secretario de Organización ha criticado la "incoherencia" y "absoluta falta de respeto" del PP-A, que, a su juicio, "está obligado a aclarar si se llevará por delante a las decenas o centenares de dirigentes 'populares' en su ciega obsesión por atacar a la Junta, a su presidenta, Susana Díaz, y al PSOE, con manipulaciones y falsedades" sobre el Ejecutivo autonómico y las ayudas públicas a la formación, algo que, por otro lado, "se otorgan en Andalucía, en España y en todas las comunidades autónomas".

Ha censurado que, en su "estrategia de persecución obsesiva", el PP-A "usa y abusa de su doble vara de medir" para tratar de "salvar a los suyos y destrozar a los demás, de manera absolutamente irracional e irresponsable, por hacer exactamente lo mismo".

Para Cornejo, el PP andaluz y López Gabarro "se han quedado bloqueados y lanzan acusaciones como un disco rayado" ante el "nuevo ejercicio de transparencia, otro más", del Gobierno de Susana Díaz y la publicación de las exoneraciones a entidades receptoras de ayudas a la formación en su última convocatoria, correspondiente a 2011.

Así, ha reiterado que la exoneración es un procedimiento "legal y habitual en todas las administraciones públicas del país" y que "sólo en Andalucía la presidenta ha tomado la decisión política de renunciar al uso de esta figura, para avanzar otro paso más en claridad y transparencia en la gestión de las ayudas públicas bajo su mandato".

Por ello, el dirigente socialista ha rechazado "el permanente intento" de los dirigentes regionales del PP de "criminalizar y condenar a miles de personas, empresas, colectivos y entidades, incluidos dirigentes de su propio partido".