PSOE, Podemos y Ciudadanos, de acuerdo en controlar al Gobierno cada miércoles

Según ha informado el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, en la Junta de Portavoces de este martes no ha habido un consenso sobre este asunto y, por tanto, en el Pleno de la próxima semana no habrá preguntas orales a los miembros del Ejecutivo.

El cupo acordado por los socialistas y el partido morado contempla que el PP pueda hacer ocho preguntas; el PSOE, seis; Podemos, cinco; Ciudadanos, tres, y el resto de grupos (Esquerra, Democràcia i Llibertat, PNV y Mixto), una pregunta cada uno. En total, 26 preguntas, una más que las que se formulaban la pasada legislatura.

Hernando ha explicado que este reparto era fruto de un "acuerdo inicial" con Ciudadanos y Podemos, pero ha admitido que no se había hablado antes de la Junta con otras formaciones, por lo que se ha retrasado la toma en consideración. A su juicio, esta propuesta es un "ratio razonable".

Acuerdo de tres

El portavoz socialista ha asegurado que este reparto responde a un "acuerdo entre tres grupos", en el que estaban Podemos y Ciudadanos. Sin embargo, después el portavoz del partido naranja, Juan Carlos Girauta, ha puntualizado que su grupo había sido "informado". Eso sí, no ha planteado ninguna objeción a esa propuesta, que considera aceptable.

Quien protestó fue el PP, cuyo portavoz parlamentario, Rafael Hernando, considera que los demás grupos tratan de usar "torticeramente" el Parlamento para tratar de "desgastar" al Ejecutivo de Rajoy. Es más, asegura que algún portavoz de la oposición ya descartó sesiones de control, e incluso está registrado en acta formalmente, y espera que ahora tenga "la decencia" de mantener esas palabras.

El PP defiende como "sensata" la negativa del Gobierno a someterse al control parlamentario ordinario y ha indicado que, si finalmente el Pleno del Congreso va a poner en marcha el procedimiento para que el Tribunal Constitucional aclare el asunto, como reclama la oposición y se votará el día 6, lo lógico es renunciar a organizar sesiones de control hasta que llegue esa sentencia. "Deje usted que opine el TC y, mientras, espérese", ha resumido.

Hernando ha insistido en que los propios servicios jurídicos del Congreso ya indicaron que no cabe un control parlamentario "ordinario" del Gobierno en funciones, más allá de "situaciones de excepcionalidad" como las explicaciones sobre los últimos Consejos Europeos.

La "comparecencia forzada" de Rajoy

Precisamente el PSOE ha saludado que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, haya modificado su postura y quiera ir al Congreso a informar sobre el último Consejo Europeo. A su juicio, es "una rectificación buena para la democracia".

Rajoy, ha dicho Antonio Hernando, "se ha visto obligado a comparecer" porque "el Gobierno se ha dado cuenta de que tenía que rectificar su posición inicial de negar la capacidad de control" de la Cámara sobre las decisiones que están tomando en Bruselas.

Se trata, ha dicho, una "comparecencia forzada" del presidente del Gobierno en funciones "por las circunstancias", después de la cual se tramitará el conflicto de atribuciones planteado por "todos los grupos" a excepción del PP.

Hernando ha recalcado además que esta comparecencia de Rajoy es "una iniciativa de control". Por eso, ha explicado, su petición de comparecencia se acumula a la que habían planteado Podemos y el PSOE. "El presidente viene a una sesión de control y está bien que así sea", ha dicho.

De su lado, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha querido dejar claro que la comparecencia de Rajoy de la próxima semana "no encaja" dentro del control al Gobierno, sino que es una obligación del Ejecutivo, y ha censurado que el presidente sólo haya pedido informar al Congreso sobre la última cumbre europea y no sobre la que tuvo lugar semanas antes en torno a la oferta de la UE para evitar la salida del Reino Unido (Brexit).

Pero Rafael Hernando, del PP, niega un cambio de estrategia y ha reiterado que el Gobierno ya informó a la Cámara de las últimas cumbres europeas, primero a través del ministro José Manuel Margallo y después del secretario de Estado Fernando Eguidazu.