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El PSOE avanza su rechazo a la ley que va a impulsar el PP para "cerrar puertas a la Justicia universal"

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha avanzado este lunes que su formación se opondrá a la proposición de ley registrada por el PP en el Congreso que pretende limitar más la investigación por parte de tribunales españoles de crímenes contra la humanidad porque, a su juicio, "cierra las puertas a la Justicia universal".
Así lo ha explicado el 'número tres' del PSOE en una rueda de prensa en la sede federal del partido, durante la que ha explicado que su formación "estudiará con lupa" la propuesta del PP aunque ya ha mostrado su total oposición a la misma.
López ha acusado al Gobierno de haber planteado este tema a través de una proposición de ley del Grupo Popular y no como proyecto de ley para "saltarse los informes preceptivos" que tendrían que haber realizado el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de haber sido el Ejecutivo quien tomara la iniciativa.
"Es la primera vez en dos años que el Gobierno le deja la iniciativa al Grupo Popular", ha destacado el dirigente socialista, quien ha contrastado esta reforma con la que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.
LA REFORMA DE 2009 FUE "PACTADA"
Según ha destacado, aquella reforma fue "pactada", pero ahora el PP no se ha puesto en contacto con el PSOE para tratar este asunto. También ha insistido en que si entonces "se dejaban puertas abiertas" a la jurisdicción universal, ahora se cierran todas.
En concreto, la proposición de ley del PP plantea reformar de nuevo la jurisdicción universal, regulada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de modo que los criminalmente responsables deberán ser españoles o extranjeros nacionalizados tras la comisión de los hechos supuestamente delictivos. Se propone además que la reforma se aplique a las causas actualmente en trámite en la Audiencia Nacional.
La propuesta viene a ahondar en la reforma ya realizada en 2009 mediante la cual se estableció que la Justicia española sólo pueda perseguir casos de genocidio y lesa humanidad "cuando existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo de conexión relevante con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio español".
No obstante, dicha reforma permitía que España seguir persiguiendo estos delitos siempre que no se hubiera iniciado otro proceso en una corte internacional, en el país de origen del investigado o en el estado afectado por las actividades investigadas.