El PSOE se une al resto de la oposición al pedir que no se aplique el Código Penal Militar a los guardias civiles

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados se ha unido al resto de partidos de la oposición al pedir al PP que reconsidere su postura y excluya a la Guardia Civil de la aplicación del Código Penal Militar, salvo en los casos en que se declare el estado de alarma, excepción o sitio o cuando este cuerpo realice misiones de naturaleza militar.

Así lo han solicitado todos los grupos de la oposición durante el debate en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja del nuevo Código Penal Militar, si bien el Grupo Popular lo ha rechazado alegando que "no se entiende" que un cuerpo de naturaleza militar como es la Guardia Civil "no se vea sometido a la jurisdicción militar" y, si es así, debe serlo "con todas las consecuencias".

La petición sobre la Guardia Civil ha sido uno de los puntos comunes de las intervenciones de todos los grupos de la oposición. El portavoz socialista, Diego López Garrido, se ha extendido bastente sobre este asunto criticando que el nuevo texto, que sustituye a otro con 30 años de antigüedad, no introduzca ninguna excepción en la aplicación a los miembros del Instituto Armado.

"La Guardia Civil no es parte de las Fuerzas Armadas ni realiza sus funciones, aunque tenga naturaleza militar", ha recordado López Garrido, quien considera que el Código Penal Militar "sólo debería aplicarse en la disciplina militar".

Como el portavoz del PSOE, el ponente de CiU, Jordi Xuclà, entiende que este Código se aplique a los guardias civiles cuando éstos desarrollen operaciones de carácter militar, pero ha afirmado que "no puede ser" que este cuerpo esté sometido de forma "general" a la jurisdicción militar.

DESMILITARIZAR LA GUARDIA CIVIL

En los mismos términos se ha pronunciado la diputada de UPyD Irene Lozano, mientras que el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Álvaro Sanz, ha indicado que el Consejo de Estado recomendó revisar los delitos que afectan a los guardias civiles. Es más, considera que la Benemérita debería ser "desmilitarizada del todo".

A todas estas reclamaciones, el portavoz del Grupo Popular, Vicente Ferrer, ha respondido que "la condición militar de la Guardia Civil es su propia razón de existir" y que "si esa condición desapareciera" conllevaría la propia "desaparición" del cuerpo, que pasaría a integrarse en la Policía Nacional.

"¿Piensan que es sensato que el Estado se prive de una gendarmería, de un cuerpo policial de naturaleza militar?", ha preguntado Ferrer al resto de portavoces, tras lo cual ha insistido en que "no se entiende" que un cuerpo de naturaleza militar "no se vea sometido a la jurisdicción militar".

SE CREÓ COMO CUERPO CIVIL

López Garrido ha rebatido los argumentos del portavoz 'popular' apuntando que la Guardia Civil nació como un cuerpo civil, pero que adoptó carácter militar por decisiones puramente políticas, por lo que, a su juicio, no se creó con esa naturaleza. Además, ha pedido tener en cuenta que el Instituto Armado realiza una "función policial de naturaleza civil" para "proteger a la población civil".

Ferrer ha contestado que "todos los gobiernos", desde la creación de la Guardia Civil, han estado de acuerdo en mantener la condición militar de este cuerpo, por lo que el Grupo Popular, con mayoría absoluta, ha decidido no atender las reclamaciones de la oposición sobre este asunto.

Por otro lado, la Izquierda Plural y UPyD han coincidido en criticar la existencia de la jurisdicción militar para delitos comunes en tiempos de paz, ya que consideran que ha demostrado ser un "instrumento de impunidad".

DELITOS COMUNES

Además, han denunciado que el Código Penal Militar siga contemplando delitos comunes que ya aparecen en el civil, lo que, según Lozano, crea "una jurisdicción de excepción y una Administración de Justicia opaca". Para Sanz, este hecho hace que el nuevo Código se acerque al "límite constitucional infranqueable de limitarse al ámbito estrictamente castrense".

Estos dos grupos, junto con CiU y el PSOE, también han reclamado la necesidad de que el Código Penal Militar no "persiga o discrimine" a los militares sólo por el hecho de formar parte de asociaciones profesionales, cuya existencia ya está reconocida en la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Por último, López Garrido ha propuesto cambiar el nombre de esta ley y pase de denominarse Código Penal Militar a "Ley Orgánica Penal militar" porque la jurisdicción militar "no se puede eliminar" pero es "complementaria" del Código Penal común.

Tras el debate en comisión, el nuevo Código Penal Militar deberá ser aprobado en el Pleno del Congreso, tras lo cual pasará a su tramitación en el Senado.