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PSOE plantea que los alcaldes puedan cobrar más de lo que sugiere el Gobierno en su reforma de administración local

Propone que las CCAA elaboren informes con las "fórmulas idóneas" para prestar los servicios públicos en los municipios pequeños
El PSOE plantea en su propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que la retribución máxima de alcaldes y concejales no supere la establecida para los secretarios de Estado, unos 70.000 euros al año, a diferencia de la sugerencia que ha hecho el Gobierno, que fija el sueldo máximo de los representantes locales en el de los ministros, 68.981 euros anuales.
Así figura en la propuesta alternativa al anteproyecto de ley del Ejecutivo que ha elaborado el PSOE de cara a la negociación que se desarrollará este mes de agosto entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y los ayuntamientos con el objetivo de buscar el máximo consenso político para cambiar la norma.
Mientras que el Gobierno plantea que sean los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales y que ese tope salarial se sitúe en el salario que percibe un ministro, los socialistas sugieren que, "en defecto de regulación autonómica" al respecto, estas retribuciones no podrán ser superiores a las fijadas en los Presupuestos para los secretarios de Estado.
Según las cuentas públicas aprobadas para este año, el sueldo de un ministro es de 68.981 euros al año, mientras que un secretario de Estado cobra un salario de 12.990 euros anuales a los que hay que añadir complementos que superan los 54.000 euros así como dos pagas extraordinarias en junio y diciembre. Aunque los secretarios de Estado han perdido esta última paga como consecuencia de las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo, los ministros, que no tienen pagas extras, se han reducido el sueldo un 7 por ciento para equipararse a la bajada de sueldo de los empleados públicos.
RECORTE PARA MADRID, BARCELONA O ZARAGOZA
En cualquier caso, las propuestas de Gobierno y PSOE suponen un fuerte recorte para las alcaldías de ciudades como Madrid o Barcelona, e incluso de otras de tamaño medio. En concreto, el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, es el mejor pagado de España, con un salario anual de 109.939 euros, a lo que habría que sumar las dietas que percibe del organismo Área Metropolitana de Barcelona que coordina las políticas de transportes, residuos y aguas. También supera los 100.000 euros la nómina que el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, percibe del Consistorio, o la de la regidora de Madrid, Ana Botella.
La propuesta de reforma del PSOE, que ha sido presentada este jueves en rueda de prensa por la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, y el secretario de Política Municipal del partido, Gaspar Zarrías, establece que "por ley de cada comunidad autónoma, oídas las asociaciones de entidades locales más representativas, podrán fijarse retribuciones máximas para los representantes locales, atendiendo a la población y recursos económicos de las distintas entidades".
"En defecto de regulación autonómica, las retribuciones por dedicación exclusiva en ningún caso podrán superar las fijadas en la ley anual de Presupuestos para los secretarios de Estado", explica el artículo 69 de este borrador, que regula los derechos económicos de los representantes locales.
El PSOE también sugiere que las entidades locales consignen en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias de los representantes, que "deberán publicarse íntegramente en el Diario Oficial y en la sede electrónica de cada entidad o, en su defecto, en el Boletín Oficial de la provincia o comunidad autónoma uniprovincial y en sus correspondientes sedes electrónicas".
FÓRMULAS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Otra diferencia significativa entre las propuestas de Gobierno y PSOE es la que hace referencia a la prestación de los servicios públicos por parte de las administraciones locales. A juicio de los dirigentes socialistas, el borrador del Ejecutivo "busca una clara privatización de los servicios prestados por ayuntamientos y mancomunidades para que los presten empresas en forma de negocio privado desde el desconocimiento de los derechos de los ciudadanos".
En concreto, el Gobierno propuso en su momento incluir dos nuevas disposiciones transitorias en la Ley de Bases de Régimen Local en las que se establece que los ayuntamientos tendrán un año a contar desde la entrada en vigor de la nueva norma para hacer una evaluación de sus servicios y ajustarlos a los principios de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades.
Si comprueban que no pueden asumir ciertos servicios, los ayuntamientos los podrán suprimir si éstos son facultativos y en caso de los obligatorios la corporación local podrá privatizarlos, siempre que no realice funciones públicas. Si la evaluación negativa afecta a servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes, su prestación se encomendará a las diputaciones.
En cambio, los socialistas proponen que las comunidades autónomas, en colaboración con las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, "oídos los ayuntamientos", elaboren un estudio sobre las "fórmulas más idóneas de prestación de servicios públicos, especialmente referido a los municipios de menor población --aunque sin fijar un límite--, proponiendo a su conclusión las formas óptimas para la mejorar calidad de los servicios prestados así como su mayor eficacia y eficiencia".
BASE DE DATOS DE TRÁNSFUGAS
El documento del PSOE también hace una propuesta contra el fenómeno del transfuguismo: "A efectos de una mayor transparencia y de fomentar un mayor respeto a la voluntad de los ciudadanos de las entidades locales, en el ministerio competente se formará una base de datos que comprenderá una relación de los representantes locales que hayan incurrido en transfuguismo, así como de los que se beneficien de su conducta".
"Dichos supuestos serán calificados por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el Código de Conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales", explica la propuesta, que hace una definición de los tránsfugas y establece que los partidos políticos con representación local podrán tener acceso a dicha base de datos.