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PSPV denuncia ante Fiscalía al gobierno valenciano de 2011 por la compra de Valmor para organizar la F1

La portavoz del área de Grandes Proyectos del PSPV en las Cortes Valencianas Eva Martínez, ha presentado ante Fiscalía una denuncia contra los miembros del Gobierno valenciano que aprobaron en diciembre de 2011 la compra de Valmor, en la que incluyen como prueba el contrato de prórroga de celebración de las pruebas de Fórmula 1 en Valencia. Dicho documento, ha asegurado, demuestra que "no era necesario comprar" esta sociedad que arrastraba una deuda de más de 34 millones de euros, para continuar organizando el Gran Premio.
Martínez se ha pronunciado de esta manera en los pasillos de las Cortes Valencianas tras la celebración de la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de las Cortes de Valencia, en la que ha comparecido el vicepresidente y portavoz del Consejo, José Císcar. La diputada ha aprovechado su última intervención para mostrar este documento.
En este sentido, ha explicado que este miércoles hacen público el contrato sobre la prórroga del contrato de la Fórmula 1, "hasta ahora oculto por el Consell", que es el que firmó el expresidente de la Generalitat Francisco Camps el 19 de julio de 2011, "un día antes de dimitir".
A su juicio, "resulta muy sospechoso que Camps "tuviera la preocupación un día antes de su dimisión de firmar este documento, del que se conocía la existencia pero no el clausurado, y que acredita que no era necesario comprar Valmor" para que la Generalitat organizara la Fórmula 1, ha insistido.
Martínez ha destacado que gracias al conocimiento de este documento se ha podido saber que la Generalitat, "que ya era copromotora del premio -de Fórmula 1-- a resultas de un contrato de 2009, se pone en su condición jurídica como garante y avalista respecto de todas las obligaciones de la F1, que ya podían ser pagar el canon o pagar la penalización si no se celebraba el evento".
Por ello, considera que no era necesario que el Consejo recurriera a la compra de Valmor para ejercitar sus derechos sobre la organización de la prueba automovilística.
Además, también considera "sospechoso" la firma del de este expediente por parte de Camps antes de dejar sus funciones al frente del ejecutivo valenciano, "cuando expresamente que los efectos del contrato se retrotraen a seis meses antes".
MALVERSACIÓN DE CAUDALES
Por lo que se refiere a la denuncia, la diputada socialista ha argumentado que la compra de Valmor "puede suponer que todos dirigentes que formaban parte del Consell en diciembre de 2011 pudieron haber cometido un delito de malversación de caudales públicos por utilizar el dinero de los valencianos para aprobar la compra una sociedad en quiebra, cuando era conocido por todos los miembros del Gobierno que arrastraba una deuda de más de 34 millones de euros".
En este sentido, ha destacado que la actual secretaria autonómica de Comunicación, Lola Johnson, en aquel momento era portavoz del Consejo y presidente de la empresa pública Circuit del Motor, que efectivamente compró Valmor. Por tanto, su responsabilidad es doble.
Preguntada por si considera que el contrato que firmó Camps el día antes de dimitir perjudicó a la Comunidad, Martínez ha asegurado que "evidentemente, toda la Fórmula 1 ha perjudicado a los intereses de la Comunidad" porque "son cerca de 300 millones de euros los que nos hemos gastado en este gran evento" que Fabra "lo ha mantenido hasta comprar Valmor, cuando ya sabía que no se iban a poder celebrar por cuestiones económicas más ediciones de la Fórmula 1".
CÍSCAR
Por su parte, el vicepresidente y consejero de Presidencia, José Císcar, también en declaraciones en los pasillos y preguntado por los medios de comunicación por esta denuncia, ha resaltado que no tienen "ninguna preocupación al respecto". "El consejo de administración de Circuito del Motor y el Consell actuaron como tenían que actuar", ha manifestado Císcar, quien ha asegurado que "la decisión está totalmente avalada".
Preguntado por sus declaraciones en las que dijo que en la compra de Valmor "había que elegir entre lo malo y lo peor", ha explicado que "la alternativa era no celebrar la prueba y que pagara la Generalitat 71 millones de dólares. Luego no parece que fuera la mejor opción", ha insistido.
El vicepresidente, inquirido por si esta situación se daba por el contrato que firmó Francisco Camps, ha respondido: "Por el conjunto de las relaciones contractuales que había establecidas entre la Generalitat, la organización de la prueba y Valmor en su momento" y ha subrayado que la prórroga del contrato "no es la responsable de establecer esa indemnización".