El Parlament aprueba la primera parte de la ley de la hacienda catalana

La ley contempla los libros primero, segundo y tercero de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), pretende crear un sistema tributario proporcional y redistributivo que asegure la justicia fiscal y frene la evasión fiscal, y dar más autonomía económica, financiera, patrimonial, contractual y de personal a la ATC.

Esta norma forma parte de una de las tres leyes de 'desconexión' que quieren hacer los soberanistas: las otras dos son la que crea una seguridad social catalana y la que plantea un régimen de transitoriedad jurídica para cuando se declare la independencia de Catalunya.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el órgano consultivo de la Generalitat, emitió la semana pasada un dictamen que alertaba de que un artículo de la ley y tres disposiciones adicionales vulneraban la Constitución Española y el Estatut.

Consideró que la norma vulnera el principio de seguridad jurídica porque no cita de forma explícita la Constitución y el Estatut, y también falló contra el sistema de acceso a los cuerpos superiores de inspectores, técnicos y gestores tributarios de la Generalitat por no garantizar el principio de igualdad.

La diputada de JxSí Maria Senserrich ha destacado que esta ley pone las bases de una estructura de estado, ya que cree que Catalunya debe gestionar por sí misma el sistema fiscal y la hacienda "para garantizar los servicios públicos de calidad, atender necesidades básicas de personas vulnerables y generar riqueza para poderla redistribuir", algo que considera no puede hacer dependiendo del Estado.

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha sostenido que la ley avanza en los objetivos de los independentistas de ser capaces de recaudar todos los impuestos de los catalanes, disponer de todo el personal necesario y hacer un censo de los contribuyentes, pero que "se queda un poco corta" y ha reclamado la necesidad de crear un banco central catalán y una banca pública.

DETRACTORES

Antonio Espinosa (Cs) ha defendido que este Código Tributario "no pretende ordenar el sistema tributario de Cataluña, es un instrumento al servicio de la secesión", ha calificado las leyes de 'desconexión' como chapuceras, y ha advertido de que el CGE declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley.

La diputada del PSC Alícia Romero ha reprochado a los soberanistas no haber cumplido con el dictamen del Consell de Garanties, y ha asegurado que la ley genera una "confusión absoluta" tanto para los trabajadores de la agencia como por no explicitar que la Constitución y el Estatut deben ser las referencias de la agencia tributaria catalana.

Àngels Martínez (SíQueEsPot) ha lamentado que no se ha aprovechado la norma para introducir mejoras para la redistribución de los impuestos que acaben con la sensación de los ciudadanos de que "pagan al mismo nivel que Suecia y tienen los mismos servicios que Marruecos", y ha criticado que la ley beneficia a los intermediarios privados en la gestión fiscal.

El diputado del PP Santi Rodríguez ha alertado de que la ley es igual al diseño que hizo el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) sobre la administración tributaria de una Cataluña independiente, y ha criticado que no se basa en la Constitución ni el Estatut, y que "diseña una administración tributaria desmesurada por las competencias que tiene la Generalitat y los tributos que gestiona".