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Partidos valencianos plantean llevar la exigencia de la financiación fuera de la Comunitat: "Hay espacio por conquistar"

Podemos propone un "gran acto" en Madrid antes del 26J, Compromís "llevarlo a la calle" y el PP y C's dudan la "hoja de ruta"
Las cinco formaciones políticas con representación en las Corts Valencianes han coincidido tras el primer comité de seguimiento de financiación en que "hay espacio por conquistar dentro y fuera de la Comunitat" para reivindicar un cambio en el modelo y en que "lo irrenunciable" es mantener los servicios sociales básicos para los valencianos.
Así lo ha expresado el presidente del Consell, Ximo Puig, acompañado por la vicepresidenta, Mónica Oltra, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, después de la comisión en la que han participado partidos, sindicatos, patronales y universidades sobre el Manifiesto por una Financiación Justa para la Comunitat que suscribieron en octubre de 2015 para exigir al Gobierno una reforma "inmediata" del sistema de financiación autonómico, con efectos retroactivos.
En su intervención, Puig ha valorado el encuentro como "extraordinariamente positivo", ya que si bien ha reconocido que "no se ha conseguido la exigencia de un nuevo modelo" al Gobierno, cree que "ahora estamos más unidos". Por tanto, en su opinión, "queda mucho espacio por conquistar, dentro y fuera de la Comunitat".
Tras agradecer las aportaciones de los participantes y su "voluntad de cooperación para conseguir lo que es justo", el 'president' ha insistido en la necesidad de repetir que la Comunitat "no es malgastadora", ya que "gasta 300 euros menos de media al año por habitante que el resto de regiones". "No se nos puede culpar a los valencianos de la infrafinanciación", ha manifestado.
De esta forma, considera que las negociaciones irán "en positivo" y "hacia adelante en un nuevo clima de cohesión", aunque ha reiterado que "lo irrenunciable es mantener los servicios sociales para los valencianos por encima de todo". "No habrá más recortes", ha resaltado, para incidir en que "no se puede recortar cuando se gasta menos".
Además, Puig ha puntualizado que este comité "es solamente un espacio de encuentro y fiscalización, pero quien gobierna es el Consell", al tiempo que abre la puerta a "seguir negociando" de forma conjunta.
Sobre las propuestas realizadas por el resto de partidos, ha calificado de "interesantes" las planteadas por el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, sobre "llevar el problema valenciano a Madrid en un gran acto en el Palacio de Congresos" con representación de la sociedad valenciana para "alcanzar repercusión internacional", así como la del síndic de Compromís, Fran Ferri, de "llevar el debate a la calle" porque "mucha gente sigue sin ser consciente" de la situación.
Por parte de las universidades y sindicatos, ha destacado que han planteado acoger debates en su seno sobre el modelo de financiación". "Se trata de que cada uno haga lo que pueda", ha apostillado.
PP: "HEMOS PERDIDO UN TIEMPO PRECIOSO"
En cambio, la presidenta popular Isabel Bonig, aunque ha reconocido que el PP sale "contento" de la reunión y que "estará siempre al lado del Consell" en esta reivindicación, ha señalado que "no queda clara la hoja de ruta a seguir en el futuro" y ha lamentado que desde la creación del manifiesto "hemos perdido un tiempo precioso".
En la reunión, ha explicado que su formación ha planteado que este comité se celebre de forma trimestral para "institucionalizarlo" y ha remarcado la importancia de que "no se quede solo en una comisión". Asimismo, ha defendido "primar siempre a las personas por encima del territorio" y crear una carta de servicios públicos básicos en España "pase lo que pase y con estabilidad presupuestaria".
Al mismo tiempo, Bonig ha reclamado "no olvidar la memoria, como dice la izquierda": "El modelo de financiación lo aprobó en 2009 el Gobierno socialista y el PP presentó en 2013 una Proposición No de Ley (PNL) sobre la financiación exactamente idéntica a la de Puig y que solo votó a favor el PP".
En consecuencia, ha insistido en que "el PP es leal y responsable" y que "por eso apoyará" la propuesta del Consell, pero ha criticado que "ellos no lo fueron".
Por todo ello, la presidenta ha asegurado que su partido sale "preocupado" del encuentro y ha lamentado que "a fecha de hoy no se puede decir a los valencianos cuál es el modelo de financiación que todos proponemos". "Y seguimos sin saber de dónde saldrán los 1.325 millones de euros de ingresos presupuestados en 2016", ha criticado.
Así, Isabel Bonig ha reclamado que en la próxima reunión "haya una propuesta clara" y ha destacado el "buen talante de Puig" en el primer encuentro, pero "no tanto de Oltra", quien considera que "no ha entendido que esto no es el Parlamento". "Hay que dar datos, no un tuit, un anuncio o una entrevista en un plató de televisión", ha denunciado.
"HAY VOLUNTAD POLÍTICA"
Por su parte, el portavoz socialista Manolo Mata ha celebrado que "hay voluntad política" y que, tras la reunión, "nadie podrá decir que habrá un euro de menos para los valencianos. A su juicio, "la hoja de ruta es clarísima", con un grupo de expertos independientes que cifren la infrafinanciación de la Comunitat.
En cambio, el síndic de C's Alexis Marí ha expresado las "dudas" de su formación sobre los pasos a seguir ante la "urgencia" de mantener los servicios básicos, aunque se ha sumado a la idea de constituir un grupo de expertos que "aporte una visión técnica y no política". Para él, el principal objetivo es "llevar el debate al Estado" y que a los valencianos "no se les vea siempre como los pedigüeños".
"DESIGUALDAD DE DÉFICIT"
En la misma línea, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha reclamado "unidad de acción" y presentar al Ministerio de Hacienda "desigualdad de déficit frente a la desigualdad de recursos", tras una sesión "productiva" y en la que "el Consell ha hecho su trabajo".
Además de sumarse a la petición de "llevar al Gobierno" el problema, el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha apostado por "rechazar la financiación asimétrica con un plan de contingencia", que "replantee el servicio de la deuda con el Estado".. En su opinión, "permitiría economizar este año 2.000 millones de euros --de los 13.000 millones de deuda histórica-- y destinarlos a servicios sociales.