Pedraz declara complejo el caso del Banco de Valencia para examinar sus cuentas y la inspección del Banco de España

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ampliado hasta el próximo 6 de junio la fase de instrucción de la causa en la que investiga las presuntas irregularidades del Banco de Valencia, tras declarar complejo este procedimiento al ser necesario examinar tanto las cuentas anuales de la entidad financiera, como las actuaciones inspectoras del Banco de España.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado acuerda prorrogar durante 18 meses a contar desde el pasado 6 de diciembre la pieza principal en la que investiga por un delito de falsedad contable al antiguo Consejo de Administración del banco.

Pedraz considera estas diligencias "sin duda esenciales" y justifica su decisión en que el número de investigados asciende a "más de veinte, todos pendientes de prestar declaración con asistencia letrada", la "ingente" cantidad de perjudicados y la exigencia de pericias que implicarán el examen de abundante documentación.

La Fiscalía solicitó declarar compleja la causa debido a que "se ha tenido que entrar de lleno en la revisión de la gestión de una persona jurídico privada de las dimensiones del Banco de Valencia". La Abogacía del Estado y la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) se adhirieron a su solicitud.

Pedraz amplió en noviembre de 2013 la imputación de los trece antiguos miembros del Consejo de Administración del Banco de Valencia y el socio de la auditora Deloitte a los que investiga por supuestas irregularidades en la entidad para atribuirles un nuevo delito de falsedad contable.

La medida afectó, entre otros imputados, al expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; al exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; los exvicepresidentes de la entidad Antonio José Tirado y Celestino Aznar; y el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer.

Pedraz, que ha adoptó esta decisión en la pieza principal en la que investiga el Banco de Valencia, se basó en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) en el que se analizan las cuentas anuales y consolidadas del banco correspondientes a 2009 que el Consejo de Administración aprobó el 29 de enero de 2010 y que el auditor validó en un informe emitido el 1 de febrero de ese año.

El resto de los imputados a los que se amplía la imputación fueron los exconsejeros Agnes Noguera, Manuel Olmos, José Segura, María Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Silvestre Segarra, Pedro Muñoz y Federico Michavila. A todos ellos se les atribuyen delitos societarios, falsedad contable en su vertiente agravada y administración desleal, abusiva y fraudulenta.

"DEFICIENCIAS DE GESTIÓN"

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 señaló que los catorce imputados "deben dar explicaciones sobre la diferencia de cálculo de provisiones existente entre las cuentas aprobadas y revisadas" y los que realizó la Inspección del Banco de España.

Este organismo detectó en 2009, según recogía el informe de la IGAE, "numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y, particularmente, en la toma de decisiones sobre refinanciaciones con objeto de evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos y la indebida calificación contable de muchos de ellos, estimándose un déficit de provisiones específicas de 177 millones de euros".

A juicio de Pedraz, resulta "pertinente y necesario" ampliar la imputación de falsedad contable al ejercicio de 2010 "en el supuesto de que los cálculos del Banco de España sean los concrectos o si existe un error en la cobertura genérica considerada y el efecto negativo en resultados es superior al señalado".