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Piden nueve años de inhabilitación y una multa de 12.000 euros para un exconcejal del PP de Santiago

La Fiscalía también pide dos años de prisión para el exconcejal y para la que era directora de Seguridad en la época del exalcalde Currás
La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación, dos años de prisión y una multa de 12.000 euros para el exconcejal del PP de Santiago Albino Vázquez, acusado de un delito de prevaricación y coacciones a un agente de la Policía Local del Ayuntamiento compostelano cuando era responsable de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Grúa y ORA del Ayuntamiento compostelano con Ángel Currás (sucesor de Gerardo Conde Roa al frente de la Alcaldía tras ser condenado por delito fiscal y al que luego siguió Agustín Hernández, en el mismo mandato).
Albino Vázquez formalizó su renuncia como concejal compostelano el 18 de febrero de 2013 después de declarar ante la jueza que instruye la 'Operación Pokémon' --y su derivadas--, entonces en calidad de imputado también en este caso (ahora sería investigado) y que le fuese impuesta una fianza de 15.000 euros. En la instrucción de la jueza de Lugo, fue imputado por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.
De hecho, los pinchazos telefónicos en el marco de la 'Operación Pokémon' fueron relevantes a la hora de conocer el caso referido al policía local, y cuya vista oral acogerá este martes día 29 de marzo los juzgados de Santiago de Compostela.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía señala que Albino Vázquez, "conocedor de que carecía de competencias para ello, "dictó un decreto en donde, con la intención claramente de perjudicar" al agente José Antonio C.F., "nombra sin justificación alguna, como sustituto" del jefe accidental de la Policía a una persona que "carecía de la categoría necesaria para el desempeño de la función".
Al respecto, la fiscala Aranzazú San José advierte de que al exedil del PP "ya le constaba" que el policía "se había coordinado, como era práctica habitual" con el jefe accidental de la Policía Local para disfrutar de las vacaciones en la época estival en julio, por lo que "no había razón alguna para que no fuera nombrado, como siempre había sucedido, sustituto" del mando superior.
SE PUSIERON DE "COMÚN ACUERDO"
Por otro lado, el Ministerio Fiscal apunta que Albino Vázquez se "había puesto de común acuerdo" con la también acusada Mar H.I., que fue nombrada directora del área de movilidad y seguridad ciudadana en el Ayuntamiento de Santiago. Ambos, dice el escrito, "tramaron un plan para perjudicar e intentar doblegar la voluntad del perjudicado para que, de esta forma, él mismo abandonara su puesto en la Policía Local o pidiera la jubilación anticipada".
Para ello, explica la Fiscalía, "dejaron de contar con sus servicios, no le atribuían las funciones que como inspector principal le debían corresponder", llegando a "realizar un continuo seguimiento del perjudicado para comprobar si cometía cualquier tipo de infracción durante el desempeño de su actividad".
La fiscala apunta que, con ese fin, la acusada "empleaba cualquier tipo de estrategia, llegando a solicitar favores a compañeros para que realizaran un continuo seguimiento y le informaran en todo momento sobre su localización".
También reseña que los acusados "llegaron a solicitar favores a amigos y compañeros para que realizaran llamadas anónimas o enviaran correos (electrónicos) al Ayuntamiento quejándose del funcionario de la Policía Local para, de esta forma, poder iniciar procedimientos sancionadores contra él". "Como, de hecho, sucedió durante el periodo que los acusados ejercieron sus funciones en el Ayuntamiento de Santiago como superiores" del policía, agrega la Fiscalía.
PREVARICACIÓN Y COACCIONES
En este escenario, la Fiscalía apunta en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación en el caso de Albino Vázquez, con respecto a la resolución dictada en la sustitución del jefe de policía accidental. Además, a ambos acusados les atribuye un delito de coacciones por su actuación.
Así, pide nueve años de inhabilitación para cargo o función pública municipal durante nueve años y la pena de dos años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Asimismo, pide una indemnización de 12.000 euros por los hechos por daños y perjuicios sufridos por el denunciante.
Para el juicio, la Fisacalía llamó a declarar al denunciante, al jefe de policía accidental, al agente que sustituyó al mando superior y a Ángel Espadas, que fue asesor de Ángel Currás en la Alcaldía y al que supuestamente Albino Vázquez pidió que llamase al Ayuntamiento para denunciar actuaciones de José Antonio C.F., según las escuchas de la Pokémon.