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El Pleno de lo Penal del Supremo decidirá quien juzga la rama Fitur de la trama Gürtel tras la renuncia de aforamientos

Todos los magistrados de la Sala de lo Penal decidirán en un pleno no jurisdiccional si el Tribunal Superior de Justicia de Valencia juzga los contratos de Fitur con la trama de corrupción Gürtel después de que dos diputadas autonómicas renunciaran a los escaños y perdieran la condición de aforadas, según informaron fuentes del alto tribunal.
La Sala conformada por los magistrados Miguel Colmenero, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Perfecto Andrés Ibáñez y Joaquín Giménez, a quien ha correspondido la ponencia de este asunto, ha decidido este miércoles elevar la decisión al Pleno de lo Penal del Supremo.
Así, el Pleno tendrá la oportunidad de establecer un criterio general sobre a quién compete un asunto cuando un aforado renuncia a esta figura y si su enjuiciamiento pasa a ser visto por un tribunal inferior o no y a partir de qué momento. En la actualidad, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo se ocupan de conocer las causas contra las personas aforadas, como diputados, magistrados o miembros del Gobierno.
En el Pleno, que todavía no tiene fecha, se discutirá en concreto el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de declararse no competente para celebrar juicio contra los contratos de Fitur con la trama Gürtel.
RECURSO DE LA FISCALÍA CONTRA DECISIÓN DE TSJV
El Ministerio Público presentó el pasado abril un recurso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia dejara el caso en manos de la Audiencia Provincial al considerar que la renuncia a sus escaños en las diputadas autonómicas Angélica Such y Milagrosa Martínez conllevaba necesariamente su falta de competencia por carecer todos los acusados de la condición de aforados.
La Fiscalía recurrió al entender que dicha resolución no era ajustada a derecho y anunció un recurso por infracción de precepto legal y constitucional. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ se declaró incompetente para enjuiciar la pieza de Gürtel relativa a las contrataciones por la Feria de Turismo Fitur.
En la pieza 3 del 'caso Gürtel' están procesadas 13 personas: Milagrosa Martínez; la también exconsellera de Turisme Angélica Such; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa --considerados presuntos cabecillas de la trama--; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.
Para Milagrosa Martínez, Fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such --quien dejó su acta de diputada 'popular' hace aproximadamente un mes-- requiere otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
El PSPV, que ejerce de acusación popular en el 'caso Gürtel', varía las penas con respecto al ministerio público y solicita entre seis y 11 años de prisión para Martínez, y entre 27 y 37 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de casi ocho millones de euros; Para Such requiere cuatro años de cárcel, 26 de inhabilitación y 3,5 millones de euros de multa.
A los procesados en esta pieza se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market --y otras sociedades vinculadas--, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.
Asimismo, están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.