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Podemos y Ciudadanos se unen para pedir una ley de protección integral de los denunciantes de corrupción

Podemos y Ciudadanos se han unido este lunes para hacer público su compromiso de impulsar en la próxima legislatura una ley para la protección integral del denunciante de corrupción, que sirva para evitar las "serias represalias" que, según la Plataforma X la Honestidad, sufren actualmente quienes ponen en conocimiento de la justicia casos de corrupción de los que son testigos, principalmente desde sus puestos de trabajo en la Administración Pública.
Así lo han puesto de manifiesto representantes de las dos fuerzas políticas emergentes, que este lunes se han reunido con miembros de la Plataforma X la Honestidad en el Congreso, en un encuentro en el que han trasladado su compromiso de trabajar en la próxima legislatura por la aprobación de esta ley.
Según ha explicado en declaraciones a los medios el magistrado en excedencia y diputado de Podemos, Juan Pedro Yllanes, los denunciantes de corrupción son personas que "pueden ser equiparadas a las víctimas de otro tipo de violencia, como la machista", para evitar que sufran "represalias por ejercer una obligación de todo ciudadano que es la de denunciar la presunta comisión de conductas delictivas".
"Es un asunto del que nos tenemos que ocupar en cuanto comience la siguiente legislatura", ha asegurado Yllanes, para insistir en que, además de las iniciativas promovidas en la corta legislatura ya cerrada, como la creación de una comisión contra la corrupción, es preciso "la promulgación de una ley para protección integral de las víctimas de violencias por cuestiones de ser denunciantes contra la corrupción".
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre ha defendido que "la lucha contra la corrupción es una obligación cívica fundamental" que debería implicar a "todos los partidos". "Está muy claro que la corrupción nos perjudica a todos", ha sentenciado.
En esta línea, ha señalado que, además de "seguir el rastro del dinero, potenciando la lucha contra el blanqueo de capitales", es necesario "proteger a los denunciantes contra la corrupción". "Si no, no nos vamos a enterar de lo que ocurre. Es una obligación fundamental el proteger a estos denunciantes contra la corrupción", ha enfatizado.
Por ello, De la Torre ha confirmado que igual que ya llevaron esta medida en su programa para las elecciones de diciembre, van a volver a llevarla otra vez para los comicios de junio porque es "esencial". "Va a ser una de las primeras medidas que queremos liderar en el Congreso en la duodécima legislatura. Para ello queremos contar con el apoyo de los expertos y también con aquellos denunciantes que han sido perseguidos por poner de manifiesto esta lacra que es intolerable", ha apostillado.
A este respecto, la representante de la plataforma y denunciante de la Trama Gürtel, Ana Garrido, ha calificado de "bastante positivas" las conclusiones que han sacado de su ronda con los partidos con representación parlamentaria, en la que se enmarca la reunión que han mantenido este lunes con Podemos y C's. La semana pasada tanto IU como Compromís también se pronunciaron a favor de esa norma integral.
SIN RESPUESTA DEL PP
No obstante, ha lamentado que no todos los partido se hayan "significado" e incluso ni siquiera les hayan recibido, como es el caso, según Garrido, del PP. "Hemos estado en contacto con todos los partidos excepto con el PP, que nos dio acuse de recibo y no nos ha dado ninguna explicación de por qué no nos ha querido recibir", ha lamentado.
Tanto ella como el teniente Luis Gonzalo Segura, también miembro de la plataforma por ser expulsado del Ejército tras publicar una novela en la que se reflejaban prácticas corruptas en la institución militar, han denunciado tras su reunión con Podemos y Ciudadanos que son víctimas de un "calvario" y una "persecución brutal" por haber denunciado casos de corrupción. "Somos el ejemplo antipedagógico de que si denuncias la corrupción, te puede pasar lo mismo que a nosotros", ha avisado Garrido.
Por su parte, Segura ha aprovechado para pedir, en concreto, que esta ley de protección integral contenga un apartado "que especifique que la justicia militar no tendrá jurisdicción en estos casos". "De lo contrario, será imposible destapar tantos casos de corrupción que hay en el Ejército, las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, que no se pueden dar a conocer por las terrible consecuencias", ha avisado, tras lamentar que, por denunciar sus casos, tanto él como Garrido han perdido su trabajo y sus viviendas.