Podemos sugiere ilegalizar el PP valenciano tras ser investigado por asociación criminal

En rueda de prensa en el Congreso, Yllanes ha apuntado que habría que plantearse "seriamente" si sería de recibo aplicar el artículo 10 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que establece que cuando un partido es investigado por asociación criminal se pudiese tomar medidas para "hacerlo desaparecer".

"Vamos a ver cómo se sale de esa situación, pero estamos hablando de cosas muy serias que deben tener una respuesta administrativa a través de la Ley de Partidos", ha subrayado el parlamentario de la formación morada.

COMPROMÍS YA LO PIDIÓ

El pasado día 4 Compromís ya registró ante la Fiscalía Anticorrupción una solicitud para que promueva la declaración del PP como organización ilícita y su ilegalización por incumplimiento de la Ley de Partidos Políticos, al entender que los casos de corrupción que le afectan "no son aislados", sino que responden a una forma de actuar organizada.

Además, la formación valenciana, que concurrió en coalición con Podemos a las generales, solicitó al Ministerio Público que tomara medidas cautelares para "evitar" que el PP "siga delinquiendo" y pueda obstruir la acción de la Justicia, algo que puede ocurrir como, a su juicio, lo demuestra el borrado de los discos duros de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas.

Durante su comparecencia, Yllanes ha criticado en concreto que el PP haya decidido "blindar" a la exalcaldesa valenciana Rita Barbera en el Senado pese a que sus concejales están siendo investigados por corrupción.

NO SE PUEDE "PREDICAR Y DAR TRIGO"

El parlamentario de Podemos ha pedido al partido de Mariano Rajoy de deje de "predicar y dar trigo" porque, a su juicio, no se puede pedir a Barberá que "dé un paso atrás", por un lado, y se le "pase la mano por la espalda", por otro, para que siga como aforada en caso de que hubiera que convocar nuevas elecciones.

En este punto, ha cuestionado que los diputados y senadores quieran mantenerse como aforados y, por tanto, que sólo puedan ser juzgados por el Tribunal Supremo. A su juicio, supone un motivo de preocupación sobre el funcionamiento de este órgano que se vea el aforamiento como "una garantía" de que a los afectados "no va a pasarles nada".