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Podemos exige la anulación de los juicios contra los activistas saharauis del campamento de Gdeim Izik

Podemos ha reclamado este miércoles la anulación de los juicios contra los 23 activistas saharauis imputados en relación con la muerte de once miembros de las fuerzas de seguridad durante el violento desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik, cerca de El Aaiún, en noviembre de 2010.
La Sala Penal del Tribunal de Apelación de Salé, en Marruecos, ha condenado en la madrugada de este miércoles a penas que van de entre 2 años de cárcel a cadena perpetua a los 23 activistas y ha decidido la transferencia de los fondos incautados a los acusados al Estado y la destrucción de los otros bienes incautados, además de condenar a la parte civil en el proceso a pagar las costas del juicio.
En febrero de 2013, el tribunal militar de Rabat había condenado a penas de entre 20 años y cadena perpetua a los imputados, a quienes se acusaba de "constitución de bandas criminales y violencia contra las fuerzas del orden que conllevó su muerte con premeditación, mutilación de cadáveres y complicidad".
Según ha denunciado Podemos, el proceso ha estado lleno "de gravísimas irregularidades", entre las que cita que el tribunal de Salé ha aceptado "confesiones realizadas bajo tortura, pruebas no relacionadas directamente con las personas acusadas, nuevos testimonios de dudosa veracidad y un ambiente de intimidación contra las familias saharuis y las organizaciones observadoras internacionales".
Además, ha recordado que la repetición del juicio se ha desarrollado sin la participación de los acusados, ausentes desde las sesiones de mayo en protesta por las irregularidades del proceso, y ha defendido que estos juicios son "nulos de pleno derecho" ya que los tribunales marroquíes "no tienen competencia para juzgar asuntos que sucedieron en el Sáhara Occidental, territorio no autónomo ocupado por Marruecos".
Por ello, el partido liderado por Pablo Iglesias ha exigido la anulación de los juicios, el establecimiento de una investigación independiente en el marco de Naciones Unidas para determinar la situación de las personas presas saharauis y que estas demandas sean transmitidas por parte del Gobierno de España al Reino de Marruecos.
"Nuestro país, acorde con su responsabilidad histórica y la implicación de nuestro pueblo, debe liderar los esfuerzos por una solución política al conflicto, que culmine el proceso de descolonización del pueblo saharaui, y respete su derecho a la libre determinación", concluye la formación morada en un comunicado.