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Podemos propone activar una reforma constitucional con un referéndum para burlar el bloqueo del PP

Apuesta por utilizar los artículos de la Carta Magna sobre soberanía, derecho a participar en asuntos públicos y referéndum consultivo
El documento de propuestas para gobernar presentado este lunes por Podemos contempla la posibilidad de iniciar una reforma de la Constitución con un mecanismo no previsto en la propia Carta Magna. En concreto pide un referéndum para sortear lo que considera un "tozudo inmovilismo del PP", que tiene más de un tercio de los escaños en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
El artículo 168 de la Constitución establece que para una revisión total del texto --o una parcial que afecte a aspectos fundamentales-- hace falta la aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara. A continuación se disuelven las Cámaras, se convocan elecciones y las nuevas deben ratificar su decisión, estudiar el nuevo texto constitucional y aprobarlo por mayoría de dos tercios de Congreso y Senado.
Por eso, previendo que el PP se opondrá, Podemos plantea "activar la vía popular" y convocar un referéndum para iniciar el proceso, haciendo que los ciudadanos se pronuncien "directamente sobre el marco general y el alcance del cambio constitucional a través de una pregunta clara y concisa" y acordada entre los partidos partidarios del cambio.
Según la formación de Pablo Iglesias, eso es posible a partir del artículo 1 de la Constitución (soberanía del pueblo español), del artículo 23 (derecho de la ciudadanía a participar en asuntos públicos)
y del artículo 92 (referéndum consultivo).
EL PP "SE APROPIA DEL CANDIDATO CONSTITUCIONAL"
Para Podemos, el hecho de que la Constitución no ponga fácil su propia reforma unido al sistema electoral lleva a una "paradoja antidemocrática", que un partido, el PP, con siete millones de electores, se "apropia del candado constitucional" y se imponga sobre "más de 15 millones de electores que desean abrir un proceso de cambio".
Según dicen en su texto, su objetivo es una reforma constitucional abriendo "un gran debate" en el que estén presentes todos los partidos, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos. Aunque los problemas de España son urgentes y graves, Podemos sostiene que hay marco para un diálogo más abierto y plural que en 1978 (sin 'ruido de sables' y sin terrorismo). "Incluso si algunos partidos se ven tentados a extraviarse, la sociedad sabrá llamarlos a la senda del diálogo y del respeto", dice el texto.
En cuanto al contenido de la reforma, Podemos quiere que asegure la protección de derechos básicos como la vivienda, los suministros de luz, gas y agua; la salvaguarda del gasto educativo, sanitario
y de la asistencia social; las pensiones; el cambio del modelo productivo, la igualdad del voto de todas y todos los españoles y el cierre de las "puertas giratorias" entre partidos políticos y consejos de administración de empresas estratégicas.
También debe asegurar "el derecho a decidir de Cataluña y de las naciones que planteen con especial intensidad su encaje territorial".
Además, sostiene que debe garantizar la financiación "limpia y transparente" de los partidos políticos y la igualdad política bajo el principio "una persona un voto", por la vía sustituir la circunscripción provincial "como mínimo por la autonómica".
UNA PALABRA PARA CAMBIAR LA LEY ELECTORAL
Para la reforma electoral, recalca que bastaría una reforma del artículo 68.2 cambiando la palabra "provincia" por "Comunidad Autónoma", y posteriormente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
No obstante, el propio documento propone, si no es posible esa reforma constitucional "por adelanto electoral o bloqueo en el Senado" por parte del PP, reformar urgentemente y con carácter transitorio reformar los artículos 162.2 y 162.3a de la LOREG, de manera que a cada circunscripción provincial le corresponda un mínimo de un diputado (no dos, como actualmente).
Después, los 298 restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, conforme a una cuota de reparto resultante de dividir por 298 la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares.